¿Rescate bancario?

La convulsión financiera que padecimos hace ya unos años (y que aún colea, tras llevarse por delante una buena parte de las entidades del sector) ha regresado esta semana a las primeras páginas de nuestros periódicos por diversos motivos.

Por un lado, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra ocho responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tanto por haber autorizado la fusión de cajas que dio lugar a Bankia (con el ilusorio objetivo de levantar una construcción sólida a base de amontonar troncos podridos), como por haber permitido su salida a bolsa, en unas condiciones más que discutibles, durante el crepúsculo del gobierno Zapatero. Se trata de analizar su relación con el falseamiento de las cuentas de la entidad, que condujo a un desastre cuyos efectos sólo han logrado ser atenuados gracias a la eficaz y ejemplar labor llevada a cabo últimamente por José Ignacio Goirigolzarri. Los magistrados defienden la existencia de indicios «múltiples, bastantes y concurrentes» en la actuación de los investigados, incluido el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y el expresidente del FROB, Fernando Restoy.

Paralelamente, la mesa del Congreso ha admitido a trámite la solicitud de creación de una comisión de investigación que analizará el rescate que se solicitó a la Unión Europea para sanear nuestro sistema financiero. La iniciativa es de Podemos y cuenta con el respaldo de PSOE, ERC y Compromís, aunque los socialistas habían intentado previamente limitar los trabajos al escándalo de Bankia (olvidándose, por ejemplo, del rescate de Cajasur o Catalunya Caixa: casualidades de la vida). Todo apunta a que la próxima semana se aprobará la creación de dicha comisión, que evaluará desde una perspectiva global el proceso que ha generado un agujero de sesenta mil millones de euros (10.000.000.000.000 de pesetas para los nostálgicos) según datos del Tribunal de Cuentas.

Resulta evidente la necesidad de exigir responsabilidades penales y políticas por unos hechos que han supuesto un brutal impacto en las finanzas del país, especialmente si tenemos en cuenta el ruinoso estado en que se encuentran las arcas públicas españolas. En este punto conviene recordar que el rescate financiero no fue pagado sino sólo financiado por Bruselas. Todos recordamos la comparecencia de Luis de Guindos, en junio de 2012, en la que se negó a hablar de rescate, optando por el más suave «préstamo en condiciones muy favorables». Efectivamente, no se trataba de un rescate-país como el de Grecia, Irlanda o Portugal. Sin embargo, parece obvio que la operación trascendía un simple préstamo a las entidades con problemas, puesto que suponía una intervención más o menos velada de la economía española por parte de la troika comunitaria, con el objetivo explícito de asegurar la devolución de la cantidad financiada (por ejemplo, a través de un escrupuloso control sobre el cumplimiento estricto de los límites de déficit). Como dijo el entonces ministro alemán de Hacienda, Wolfgang Schäuble, «España garantizará el préstamo y tendrá que devolverlo».

Llegados a este punto, sorprende la frecuencia con que voces muy significadas de nuestra izquierda intentan utilizar lo sucedido como una prueba irrefutable sobre las maldades de la economía de mercado. No pasa un día sin que oigamos frases grandilocuentes en debates e informativos: «la gente no llega a fin de mes, mientras el gobierno regala miles de millones a los banqueros». Ciertamente, hay que tener poca vergüenza para utilizar el rescate financiero como ariete contra el capitalismo. Más bien debería ser todo lo contrario, puesto que la experiencia vivida estos años demuestra que ha sido la interferencia de los poderes públicos, y no la actividad del sector privado, quien ha conducido nuestro sistema financiero al borde del precipicio.

¿Acaso se ha tenido que rescatar al BBVA? ¿Puede que al Banco Popular? ¿Quizás al Santander? En absoluto. Los sesenta mil millones de euros que hemos tenido que avalar entre todos se han destinado a cubrir las vergüenzas de Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), Caja Castilla-La Mancha (Caja de Ahorros Provincial de Albacete, Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, y Caja de Ahorros Provincial de Toledo), Catalunya Caixa (Caixa Tarragona, Caixa Manresa y Caixa Catalunya), Cajasur (Caja de Ahorros de Córdoba, Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Caja de Jaén y Unicaja), Unnim (Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa), Caja de Ahorros del Mediterráneo (Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, Caja de Ahorros Provincial de Alicante y Valencia, y Caja General de Ahorros de Torrent), Novacaixagalicia (Caixa Galicia y Caixanova), etc.

Resulta palmario que los destinatarios del rescate no fueron los bancos privados sino las cajas de ahorros controladas por la clase política, cuyos intereses partidistas y falta de profesionalidad provocaron un descalabro económico que hemos tenido que pagar los ciudadanos de a pie. Esta interesada confusión suele ser frecuentemente favorecida por los medios de comunicación, probablemente de forma inconsciente, cuando difuminan la responsabilidad de los políticos al hablar de rescate bancario. ¿Bancario? En todo caso será rescate financiero, o si queremos ser más precisos, rescate de las cajas. Sólo se salvaron del colapso La Caixa, Kutxabank y poco más. Es cierto que las cajas supervivientes se transformaron en bancos, aunque ya fuera tarde para revertir el destrozo provocado por unos políticos empresarialmente incompetentes y económicamente analfabetos que las utilizaron como cortijo particular. Resulta indignante, por tanto, escuchar a determinados partidos atribuyendo al pérfido capitalismo la responsabilidad en la crisis del modelo financiero español, cuando fueron precisamente sus representantes en las cajas quienes hundieron el sistema. No se puede tener más cara.

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