Seguridad y pacto social

Las sociedades modernas se caracterizan por haber interiorizado un modelo de gobernanza expansivo que atribuye al aparato público el deber de garantizar un número creciente de prestaciones. Tradicionalmente se han fijado tres pilares de servicios que se consideran fundamentales, y que giran en torno a la salud, la educación y la seguridad, entendidos todos ellos de forma amplia.

Sin embargo, en este proceso de ampliación de responsabilidades públicas, ya no parece suficiente con que las administraciones aseguren que este tipo de necesidades se hallen suficientemente cubiertas, sino que hemos ido multiplicando nuestras exigencias de forma exponencial. Ya no basta con disponer de una buena asistencia médica y un sistema de enseñanza universal, sino que esperamos que las administraciones también tomen la iniciativa en la dinamización de nuestro tejido empresarial, en la generación de ocio popular, o en la mejora estética de los entornos urbanos.

Todo esto está muy bien, pero a veces la realidad nos coloca en una tesitura que nos interpela sobre si hemos ampliado demasiado el foco sin cimentar previamente una estructura resiliente que asegure la prestación continua de lo estrictamente esencial. Este fenómeno lo hemos vivido con especial crudeza durante la crisis del coronavirus, que ha evidenciado las debilidades de nuestro modelo sanitario y formativo desde la perspectiva de su adaptabilidad a condiciones excepcionales. Cuando baja la marea es cuando se descubre quién está desnudo.

Sin embargo, a nivel local, no sólo la salud y la educación han quedado en evidencia durante las últimas semanas. La ciudad de Tarragona ha visto agudizado estos días un problema de seguridad pública que no puede pasarse por alto. Hace años que los vecinos del Serrallo se sienten intimidados por un grupo de okupas que reside de forma ilegal en un bloque de la calle Sant Andreu. Numerosos residentes de la zona ya habían denunciado de forma pública y reiterada esta inquietud: violentas peleas entre clanes, tráfico de drogas, música a todo volumen en plena madrugada, graves problemas de insalubridad… Estos tipos incluso se han acostumbrado a tirar la basura por la ventana al callejón que separa el barrio de las vías del tren, una circunstancia que obligó a la Guardia Urbana a cerrar la calle.

Las sirenas de los coches patrulla y de las ambulancias se han convertido ya en un sonido familiar. Esta semana se superaron todos los límites y una treintena de vándalos salieron a la calle armados con navajas, barras de hierro y bates de madera, sembrando el terror a su paso durante casi una hora. Los alborotadores ya se habían disuelto cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar de los hechos. La actuación policial se saldó con un único detenido, un joven magrebí herido por arma blanca, acusado de resistencia a la autoridad. En cualquier caso, el verdadero problema es que este tipo de hechos eran de conocimiento público desde hacía tiempo, y ninguna administración ha parecido mostrarse en condiciones de atajar esta intolerable situación.

Pero no nos encontramos ante un problema puntual. Lamentablemente, la Part Alta de nuestra capital vive últimamente inmersa en un contexto parecido. A escasos metros del propio ayuntamiento, un grupo de okupas se instaló hace algunas semanas en varias viviendas de la calle Ferrers, y desde entonces se suceden las peleas, los gritos y las amenazas. La policía local y autonómica han reforzado su presencia en la zona, pero estas iniciativas no han logrado tranquilizar a un colectivo vecinal que sigue sintiéndose intimidado por estos individuos. Según los responsables municipales, la mayoría de estos jóvenes tiene un amplio historial delictivo a sus espaldas, y ocuparon estos edificios en pleno confinamiento, lanzando a la calle los ladrillos que tapiaban puertas y ventanas. A la vista de lo sucedido en el Serrallo, es lógico que muchos vecinos teman que este problema pueda acabar enquistado de forma indefinida.

Sin duda, cuando las administraciones no consiguen resolver este tipo de situaciones críticas, resulta inevitable que algunas personas se replanteen el contrato social que mantienen implícitamente con el poder público: el ciudadano paga sus impuestos, renuncia a la justicia privada y respeta el marco jurídico, a cambio de que las instituciones presten determinados servicios básicos y hagan también cumplir las leyes al resto de convecinos. Si yo cumplo mi parte y la administración no, ¿acaso el sistema no me está timando? ¿Es tolerable que nadie pueda garantizar mi integridad física en plena calle de una capital? ¿Cómo es posible que los políticos estén preocupados por los fuegos artificiales y los conciertos de fiestas, cuando yo ni siquiera puedo caminar seguro por mi barrio? ¿Es admisible que nuestros gobernantes pierdan de este modo el sentido de lo que es prioritario para la población?

Tenemos alguna triste experiencia local que demuestra la rapidez con que suelen degenerar este tipo de situaciones. Todos recordamos cómo se echó a perder la flamante zona de copas del Port Esportiu por no haber sabido atajar a tiempo los conatos de violencia cuando comenzaron a producirse. Como consecuencia de esta imperdonable dejación de funciones, Tarragona perdió un entorno idóneo para el ocio nocturno, que habría satisfecho holgadamente las necesidades de usuarios y vecinos si se hubiera gestionado adecuadamente. Si no se cortan de raíz los problemas asociados a la ocupación ilegal de inmuebles en nuestra ciudad, corremos un grave riesgo de convertir el Serrallo y la Part Alta en zonas inhabitables, provocando la huida de sus residentes de toda la vida y el hundimiento de sus negocios de proximidad. Ha llegado la hora de actuar con contundencia para evitar males mayores, antes de que sea demasiado tarde.
 

Dánel Arzamendi Balerdi. Colaborador de Opinió del ‘Diari’ desde hace más de una década, ha publicado numerosos artículos en diversos medios, colabora como tertuliano en Onda Cero Tarragona, y es autor de la novela ‘A la luz de la noche’.