Sentencias justas. Jueces independientes. Pensamiento libre

Libertad de expresión. El nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre un debate sobre las opiniones de quienes se sitúan al margen del pensamiento hegemónico  

30 enero 2018 10:52 | Actualizado a 30 enero 2018 11:05
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De un juez lo que uno espera son sentencias justas. La garantía para que ello suceda, al margen del necesario conocimiento de las leyes, es su independencia; esto es, que nadie ni nada interfiera en su quehacer a la hora de dictar sentencias sobre un asunto de su competencia, más que la aplicación estricta de la ley con los márgenes de interpretación y flexibilidad que toda acción humana conlleva. Como quiera que los jueces son personas, uno desea también que disfruten de los mismos derechos y libertades que los demás, incluyendo la libertad de pensamiento y, por extensión, la libertad de expresión. 

Viene a cuenta esta reflexión por el alud de críticas que ha recibido el nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación del estado español. A la jueza se la ha tildado de homófoba a raíz de que un medio de comunicación recuperase, tras hacerse pública su nueva responsabilidad, una entrevista en la que manifestaba algunas opiniones sobre la homosexualidad y la transexualidad que hicieron encender las alarmas del colectivo LGTBI.

No puede decirse que la jueza en cuestión sea homófoba. No incita al odio

Como quiera que la homofobia es un delito de odio castigado por el Código Penal sorprende que, hasta la fecha, y tras estas graves acusaciones, nadie haya acudido a los juzgados para interponer una denuncia contra la magistrada. 

Pero a estas alturas ya intuye el lector que esa querella por delito de odio no va a sustanciarse porque el delito simplemente no existe. La magistrada puede ser tildada de conservadora, puede incluso ser etiquetada de ultraconservadora en el caso que quien se dedique a clasificar sea amante de la hipérbole o de la exageración; pero no puede atribuírsele el calificativo de homófoba. No al menos por lo que ha aparecido en los medios de comunicación.

Es cierto que la jueza no comparte la teoría sexual que convierte el género en una mera construcción social y tampoco está de acuerdo en que la orientación sexual obedezca a una decisión racional del individuo. Sobre esta base se muestra muy crítica con todo aquello que emana de la «ideología de género», que considera un punto de encuentro entre el liberalismo más radical y el marxismo.

Añade, por decirlo todo, que el individuo que desarrolla una sexualidad acorde a su biología tiene menos posibilidades de desarrollar algunas patologías. Este es el fundamento sobre el cual se han levantado las graves acusaciones de homofobia contra ella. Pero seamos claros. Se puede estar de acuerdo con lo que dice cómo se puede no estarlo, se pueden ridiculizar sus creencias, se la puede combatir intelectualmente de la manera más vehemente. Pero no puede decirse que la jueza en cuestión sea homófoba. No, no lo es.

La magistrada ni promueve ni incita directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona determinada por motivos de orientación o identidad sexual, que es lo que la convertiría en una persona merecedora de ser imputada por un delito de homofobia, según el Código Penal. 

La libertad sexual es una conquista pero no puede alzarse sobre otros derechos

Deberíamos preguntarnos cuánta discrepancia estamos dispuestos a aceptar respecto a aquello que, en términos gramscianos, ha conseguido alcanzar la categoría de hegemónico en nuestra sociedad. No es un debate fácil. Pero precisamente por la dificultad que entraña es urgente rebelarse no sólo ante quien incita al odio hacia cualquier colectivo o individuo, sino también ante quienes aspiran a silenciar al discrepante. Eso sí que no.

La libertad sexual es una conquista que hay que defender a capa y espada y sobre la que aún hay que seguir trabajando como sociedad para que nadie pueda padezca ningún tipo de humillación o discriminación por su orientación sexual. Pero esa conquista ni puede ni debe alzarse sobre el aniquilamiento de la libertad de pensamiento y expresión. No puede vestirse un santo desvistiendo a otro.  Y eso también vale para la jueza Elósegui. ¿O no? 

 

Periodista. Josep Martí es ‘calero’, es decir, de L’Ametlla de Mar. Es empresario y periodista. Analiza la actualidad política en ‘El Periódico’, Rac1 y 8TV. 

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