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Ser simple ciudadano... ¿mal rollo?

Enrique Badía

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Cualquiera sabe que existe el riesgo de que se produzcan situaciones que no se pueden prever. El funcionamiento normal de las cosas puede interrumpirse por distintas causas, pero precisamente por eso cabría suponer que existen planes para evitarlo y sobre todo hacer frente a hechos excepcionales, en particular de parte de los poderes públicos o, cuando es el caso, a cargo de quienes prestan servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Sólo que, desgraciadamente, la experiencia muestra lo contrario y el ciudadano resulta perjudicado e impotente, al punto de concluir que es mal rollo serlo porque siempre le toca pagar -en solitario- errores, dejaciones e ineficiencias de quienes casi nunca se llegan a responsabilizar y ni siquiera identificar.

El pasado jueves, miles de pasajeros se vieron atrapados en trenes y estaciones por lo que –se dice- fue un sabotaje en la línea ferroviaria de alta velocidad a la altura de Vilafranca del Penedès. Pocos días antes, concretamente el lunes, a primera hora de la mañana, una mayoría de madrileños quedó inmovilizada por un atasco monumental que tardó alrededor de cinco horas en desaparecer. Son dos episodios que en principio poco tienen que ver, pero comparten una característica lamentable: ciudadanos que deben soportar impotentes y sin reparación notorios perjuicios de los que nadie se quiere responsabilizar.

Aun sin haber conocido la conclusión de las investigaciones, parecen existir suficientes indicios de que el corte de fibra óptica anejo al tendido ferroviario fue realizado con suficiente conocimiento de lo que iba a provocar. Dicho de otra forma, se hizo con clara intención de provocar el caos… y se logró. Y para quien no crea en casualidades, algunas coincidencias de fechas pueden inducir a generar sospechas, dependiendo de cómo se interprete la intencionalidad.

 

Dejando al margen detalles concretos, se ha vuelto a constatar que el ámbito público no sabe, no puede o no quiere gestionar debidamente situaciones de emergencia o simple anormalidad. Existen, eso sí, vastos departamentos, cuantiosos presupuestos y amplias dotaciones teóricamente dedicados a cuando menos paliar los efectos de incidencias, alteraciones o, en último extremo, catástrofes de origen exógeno. Los hay en todas las administraciones y, si no los hay, también debería haberlos en empresas prestadoras de servicios de carácter esencial. Pero, o no disponen de los protocolos y procedimientos mínimamente exigibles, o están dedicados a saber qué. De momento, ya se ha reproducido el habitual cruce de imprecaciones entre la Generalitat y el Ministerio de Fomento-Renfe, culpándose recíprocamente con escaso rigor y sin que ni unos ni otros puedan enorgullecerse de su actuación.

La primera duda que surge tras una situación anómala es si se hubiera podido o debido evitar. Hablando del último jueves, toca preguntar ¿por qué determinados tramos de la línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona siguen siendo tan vulnerables, pese a la profusión de robos de cable de cobre desde hace más de un año? ¿Han pesado más las rivalidades protopolíticas que la obligación de colaborar para garantizar la seguridad? De nuevo, el cruce de insinuaciones, cuando no acusaciones directas, sugiere que muchos van a lo suyo, no a servir a los demás.

Lo peor, en todo caso, suele venir después. Para empezar, domina la dejación. No existen o no se implementan planes de contingencia y lógicamente se instalan distintos grados de caos. Tampoco se hace algo tan elemental como proporcionar información y cuando se da ni siquiera suele ser veraz. Volviendo a los ejemplos citados, abundan los testimonios de viajeros que tardaron horas en conocer, en trenes y estaciones, qué demonios estaba pasando y cuáles eran las expectativas de solución. Igual que los atrapados en las calles de Madrid un par de días antes no supieron la causa real hasta pasadas bastantes horas. Y lo poco que supieron, unos y otros, provino de las redes sociales, no de una fuente directamente implicada, con la entendible profusión de rumores y especulaciones que suele darse.

La sensación de abandono e impotencia tiende a agravar lo que uno se ve forzado a padecer cuando la cosa se pone mal. Desaparecen, como por arte de magia, los empleados –caso de Renfe- o los policías municipales –caso de Madrid- que podrían o deberían actuar para al menos tratar de limitar los perjuicios para quienes son víctimas de la alteración. Más que actitud individual o colectiva, suena a deficiencia o incapacidad de los mandos y dirigentes, cuando no a indiferencia frente a lo que pueda pasar.

Al final, lo mínimo exigible sería que alguien asumiera los costes, pero no suele ocurrir. La reciente historia está plagada de episodios que han alterado de forma grave la vida de los ciudadanos, sin más consecuencias que las que a ellos les ha tocado afrontar. No las ha habido para todos y cada uno de quienes los han provocado, directa o indirectamente, pero tampoco para quienes han hecho dejación de sus funciones o mostrado incapacidad. En el infausto recuerdo están la paralización del espacio aéreo –diciembre de 2010-, la invasión de las pistas del aeropuerto de El Prat –julio de 2006- o el vandalismo –varias veces- en el Metro de Madrid o los autobuses de Barcelona. ¿Todos los que deberían han pagado por ello? ¿Algún dirigente, político o empresarial, ha reconocido que no hizo lo que tenía que hacer?

Lo dicho: el único que no se libra es el simple ciudadano, que ni se siente protegido ni se ve atendido cuando le toca soportar problemas provocados… casi nunca acaba de quedar claro por quién.

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