Sí o no a la 'Eurotasa Tobin'

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), más conocido como Eurotasa Tobin, en recuerdo al célebre impuesto sobre operaciones de divisas que propuso el economista James Tobin, allá por los años setenta del siglo pasado, parece que no acaba de ver la luz en Bruselas. Resulta curioso que a las pocas semanas de que la Comisión Europea (CE) presentara su propuesta de crear un nuevo impuesto para gravar las operaciones de compraventa de activos financieros, los mismos once Estados miembros que habían decidido en principio apoyar la idea, ya estaban torpedeándola.

A tan solo un mes vista de la fecha para que se cumpla el tiempo límite que los gobiernos se fijaron para llegar a un acuerdo, la situación se encuentra completamente atascada. Nadie se extraña de ello, pues la propuesta de la CE nació con mal pie desde el mismo momento de su comienzo. La propuesta comunitaria se presentó en el mes de octubre de 2012 y diecisiete de los entonces 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), se demarcaron de entrada.

La propuesta definitiva de la CE apareció en febrero de 2013, bajo la denominación de ITF y pretendía gravar con un 0,1 por ciento del importe de la transacción, tanto al comprador como al vendedor de acciones y bonos al contado y con un 0,01 por ciento en la operativa sobre derivados. Lo anterior significaba que para el conjunto de la UE, es decir a veintisiete Estados miembros, la recaudación estimada ascendía a 57 mil millones de euros, mientras que la cifra a once Estados miembros, ascendía a 34 mil millones de euros. El objetivo inicial era empezar a aplicar este nuevo impuesto en el año 2016.

Pero, a las pocas semanas de la propuesta definitiva, los once Estados miembros en cuestión, enviaron una carta a la CE asegurando que el proyecto, tal y como estaba planteado en su forma definitiva, ponía en riesgo no solo la financiación de los Estados miembros, sino también de las entidades financieras y el crédito para PYMES y familias. Los bancos y las empresas intermediarias que gestionan las bolsas de valores se volcaron contra la medida, que consideraban sin efectos positivos. Además, el Banco Central Europeo (BCE), se alineó con los críticos a tal medida. Y por si fuera poco, los Servicios Jurídicos del Consejo de la UE cuestionaron la legalidad del nuevo impuesto.

Pero el pormenorizado torpedeo al asunto empezó mucho antes, pues cada Estado miembro iba vetando productos sobre los que no quería que se aplicase la nueva tasa. Así España, por ejemplo, estaba interesada en que no se gravara la operativa de deuda soberana en el mercado secundario. Con lo cual, si a los 57 mil millones de euros totales iniciales a recaudar se descuentan las partidas resultantes de los productos no gravados, nos quedamos tan solo con 4.600 millones de euros.

Después de más de dos años de sí y no, los once Estados miembros afectados tienen apenas un mes y nada más y nada menos que tres puntos sobre los que ponerse de acuerdo: qué tipo de derivados incluir, a quién aplicar exactamente la tasa y como repartir lo recaudado. En mi opinión, conociendo el funcionamiento de los foros comunitarios y por suerte de todos los contribuyentes implicados, el consenso es poco menos que imposible.