Simulacro en forma de portal

La transparencia es una actitud, no algo derivado de una más o menos desafortunada ley. Depende todavía menos de la mejor o peor fortuna en configurar un portal online cargado de información… a criterio del equipo gubernamental. La cosa pinta aún peor si, como es el caso, la norma es pacata, la web resulta apenas interactiva y en las administraciones persisten muestras de opacidad en asuntos de alta sensibilidad social.

El pasado miércoles, el gobierno central hizo visible www.transparencia.gob.es, el sitio que llevaba preparando un año como elemento troncal de la ley 19/2013, pomposamente denominada “de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. La atención ha recaído en los sueldos de los altos cargos, pero se ha hablado menos de las limitaciones operativas que el portal presenta, sin duda coherentes con el espíritu cicatero con que se elaboró la ley.

Sin ánimo de ser exhaustivo, se puede hablar de oportunidad perdida. Sólo por ser la más tardía de Europa, la norma podría –debería- haber recogido lo mejor de las muchas experiencias previas y situarse, en derecho comparado, entre las más avanzadas del espacio comunitario. Pero no. Padece vicios habituales, como mantener el silencio administrativo como denegación, o apostillar cada proclamación de derecho a la información con un sinfín de cautelas que dan pie a no informar. Hay tratamientos singulares para: Casa del Rey; Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos; Tribunal Constitucional; Consejo General del Poder Judicial; Banco de España; Defensor del Pueblo; Tribunal de Cuentas; Consejo Económico Social; y asimilados o asimilables en las comunidades autónomas, a cuyas administraciones se otorgan dos años de carencia para cumplir aspectos destacables de la ley.

Es ilustrativo repasar las protecciones que fija el artículo 16: seguridad nacional; defensa; relaciones exteriores; seguridad pública; prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; igualdad de las partes en procesos judiciales y tutela judicial efectiva; funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; intereses económicos y comerciales; política económica y monetaria; secreto profesional y propiedad intelectual e industrial; garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión; y protección del medio ambiente. ¿Falta algo? Todo, sometido a la interpretación de la propia administración.

Para no variar, se ha situado en el vértice, para garantizar el cumplimiento de la ley, un consejo que se proclama independiente, pero se articula subordinado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y a cuyo frente se ha situado, sin siquiera guardar las formas, a una funcionaria alto cargo de dicho departamento. No es fácil creer, pues, que exista auténtica intención de sustituir secretismo por publicidad.

Si los gobernantes tuviesen auténtica voluntad de transparencia, disponen de varios asuntos actuales en los que demostrarla. Empezando por uno muy próximo, la Generalitat podría explicar con detalle las vicisitudes en torno al proyecto Barcelona World. Desde por qué eligió para pilotarlo al valenciano Enrique Bañuelos –Astroc- y su sociedad Veremonte, ¿controlada desde el paraíso fiscal de Luxemburgo?, hasta transparentar el papel jugado por La Caixa, o cómo y por qué ha asumido tan directo protagonismo de un negocio de juego-ocio, reducido por el camino a una tercera parte del anuncio inicial.

Cambiando de pista, el gobierno central podría explicitar todo lo relacionado con el chusco episodio del llamado pequeño Nicolás; especialmente, las actuaciones de su todavía secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien hasta la fecha no ha ido más allá de difundir abstrusas notas exculpatorias, cuyo alcance se ha visto superado, día tras día, por revelaciones periodísticas sobre las actividades del peculiar joven.

Pasando a cosas igual o más serias, tampoco Convergència i Unió (CiU) está mostrando excesivo empeño en clarificar los recorridos de la familia Pujol y el propio ex president; ni el Partido Popular (PP) en verter luz sobre el desastre en que acabó convertido Bankia; ni el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en aclarar sucesivos desplomes de cajas de ahorros en cuya gestión estuvo implicado, con el caso emblemático de Narcís Serra al frente de Caixa Catalunya.

La lista de cosas y casos sobre los que la gente querría –merecería- saber podría ampliarse hasta exceder con mucho el espacio disponible, pero las carencias, en cualquier ejemplo que se tome, bastan para denotar que haber sido el último país de la Unión Europea (UE) en regular el derecho ciudadano a saber todo sobre la gestión pública no es casualidad. Tampoco, haberlo dejado reducido a una suerte de simulacro, con más deseo de salvar la cara que voluntad real. Que acabe siendo un primer paso hacia la auténtica transparencia lo dirá el tiempo. O no.