Sostiene Harari

En su obra Sapiens, de animales de dioses, Yuval Harari nos revela que el crédito fue la clave del éxito de la independencia de los Países Bajos de la corona española, la más fuerte de Europa en el siglo XVI, y de la construcción del imperio holandés, que sustituyó a españoles y portugueses como dominadores de las rutas oceánicas. Como no sabían guerrear, sostiene el autor israelí, los burgueses holandeses contrataron ejércitos de mercenarios para luchar contra la monarquía española y para lanzarse al mar con flotas cada vez más grandes. Y ¿cómo se ganaron la confianza del próspero sistema financiero europeo, que financiaba las operaciones?: con escrupulosidad en la devolución de los préstamos y creando un sistema judicial independiente para obligar al deudor a retornarlos.

Mientras tanto -añade Harari- la confianza en el rey español disminuía, pues no solo no devolvía el préstamo de un banquero alemán para luchar contra el rey de Francia, sino que le pedía otro 
-porque se había enzarzado en un conflicto con los turcos- que tampoco lo devolvió. El banquero puso un pleito, pero como los tribunales españoles de la época estaban subordinados al rey, desestimaron su demanda por temor a represalias. Y para acabarlo de arreglar, el rey encerró en una mazmorra al hijo del banquero, con el falso cargo de traición, hasta que el padre pagó el rescate.

El anterior pasaje del admirado Harari hace pensar y mueve a reflexión. ¿El rey de España hoy hace lo mismo que sus predecesores del siglo XVI? ¿Es independiente nuestra justicia, o está subordinada al monarca como antaño?

A diferencia de las monarquías absolutas, con un poder omnímodo, en las modernas el poder no lo ostenta el rey. Felipe VI reina pero no gobierna. Su papel es institucional y su figura casi decorativa. Y no toma decisiones, de modo que si va o no a Barcelona no lo decide él, sino el Gobierno de turno. Además, tiene una asignación económica suficiente y no necesita pedir préstamos. Pero si por rey entendemos quien ostenta el poder (el Gobierno y toda su órbita)-, podemos encontrar cierta analogía con el fenómeno denunciado por Harari, por la influencia que todavía tiene el Ejecutivo, sobre todo cuando manda el PP, sobre algunas parcelas judiciales.

Habría que hacer algo para tener una justicia absolutamente independiente. Y dos retoques vienen a la mente en seguida: cambiar el sistema de elección de las cúpulas judiciales y suprimir la Audiencia Nacional

El noventa y nueve por cien de los jueces españoles son honrados y toman sus decisiones con total independencia. La honradez se infiere de un dato objetivo: el insignificante número de jueces condenados en los últimos treinta años por cohecho, el delito más infamante que pueden cometer. Se podrían contar con los dedos de una mano: García Lavernia, Lorenzo Penalva, Pascual Estevill, Javier de Urquía… y para de contar, o casi. En cuanto a independencia, el juez solo está sometido a la ley, es inamovible y nadie puede cambiar sus decisiones, salvo el tribunal superior y por vía de recurso.

Sin embargo, un determinado número de cargos judiciales son elegidos directa o indirectamente por el Parlamento o el Gobierno. No muchos, apenas unas cuantas decenas, pero ocupan las cúspides judiciales, las que toman las decisiones en última instancia: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y Fiscal General del Estado. En definitiva, la composición de estos organismos -que tienen la última palabra- son un reflejo proporcional de los grupos políticos.

Y ahí está la clave: ¿puede mantener la independencia un magistrado nombrado a dedo o tenderá a complacer a quien lo nombró para mantenerse en el cargo? Una pista sobre la respuesta podemos encontrarla en algunos episodios recientes de todos conocidos: el famoso «esto la Fiscalía te lo afina», del exministro Jorge Fernandez al exjefe de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso; la jactancia por escrito del portavoz del PP en el Senado Ignacio Cusidó de controlar «por detrás» a la Sala 2ª del Tribunal Supremo; o el lapsus de Pedro Sánchez «¿la Fiscalía de quien depende, del Gobierno?, pues ya está».

Y esa fórmula de elección puede propiciar el forzamiento del derecho para proteger el statu quo defendido por el Gobierno. Y el ejemplo más claro lo tuvimos con el juicio del Procés catalán. Procesando por rebelión –que no la había- el Supremo se aseguró la competencia de toda la vía penal, desde el inicio hasta la ejecución de la condena. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Con la misma vara de medir –la rebelión-, decretó la prisión provisional incondicional de nueve personas, cuando una medida de ese tipo debía ser excepcional, y les suspendió de todos los cargos vía artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y para completar el castigo bíblico, les impuso penas de prisión entre nueve y trece años, desproporcionadas con los delitos cometidos. Y el Supremo no fue el único que aplicó la desmesura para escarmiento. También lo hicieron la Fiscalía General de Estado, que puso la querella y mantuvo la rebelión hasta el final; la Audiencia Nacional, que a través de Carmen Lamela ingresó en prisión a los jordis; e incluso el Tribunal Constitucional, que obra, si conviene, con una premura inusitada cuando de temas del procés se trata.

Visto lo visto, habría que hacer algo para tener una justicia absolutamente independiente. Y dos retoques vienen a la mente en seguida: cambiar el sistema de elección de las cúpulas judiciales, sustituyendo el protagonismo actual de los grupos políticos por una fórmula que premie el mérito, la capacidad, y la antigüedad. Y suprimir la Audiencia Nacional, un órgano que pudo tener sentido en las épocas de ETA, pero que hoy no ayuda a la reputación de nuestro sistema judicial.

Lo que se trata es de garantizar que si la justicia tiene que obligar al rey a devolver un préstamo, le obligue, sin temor a represalias. Como a cualquier otro ciudadano, vaya.