Una de las exigencias de Albert Rivera para dar los votos a Pedro Sánchez es que acepte eliminar las Diputaciones para ahorrar gastos.
Como nuestra memoria histórica es selectiva, hay que recordar que estos entes de administración provincial no son del franquismo, sino que tienen casi 200 años. Su función es prestar servicios a los pueblos que no podrían cubrir por su pequeñez y coste, ya que no pueden competir con una economía de escala.
De paso, gracias a su financiación, ayudan a la Generalitat (que ha pasado de querer suprimirlas a convertirlas en Estructures d’Estat), a los Consells Comarcals, directa o indirectamente, y a los municipios.
Se puede argumentar que si el dinero lo administraran otros las cosas irían mejor, pero suprimir lo que funciona no es garantía de que algo mejore. Quizá queriendo ahorrar, la prestación de los mismos servicios nos costaría más cara.