Títeres políticos

Menudo revuelo están teniendo en el centro de la península con una representación de títeres en una calle de Madrid y que dicen que no iba dirigida a menores de edad. No sé si creérmelo. No me imagino una obra con guiñoles pensada para los adultos. Las escenas que salían en la obra son del todo repugnantes. Poner un ahorcamiento –sea de la persona que sea, en este caso un juez–, una violación o un cartel de enaltecimiento del terrorismo –de cualquier tipo– no es un espectáculo que los padres queramos ofrecer a nuestros hijos, aunque estemos en carnaval.

El hecho de que un Ayuntamiento, pagado con dinero de todos, contrate a estos artistas es inadmisible y por ello alguien tenía que dimitir. No seré yo quien decida qué representante público tiene que abandonar su cargo. Lo que está claro es que la persona –funcionario o responsable municipal– que decidió fichar a dicha compañía de teatro no puede seguir en su puesto.

Pero una de las situaciones que me chocó –vista mi experiencia en los Juzgados de Tarragona– es que el juez de la Audiencia Nacional decretara su ingreso en la cárcel. Otros magistrados también han considerado desproporcionada la decisión judicial. En los últimos años la prisión preventiva se ha restringido mucho a determinados casos, como la posibilidad de destrucción de pruebas, de huida o de peligro de reiteración en el hecho ilícito. En este último supuesto entiendo que con un auto del juez prohibiendo que volviera a representar la obra hubiera sido suficiente.