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La polémica que se generado por la supuesta irresponsabilidad de permitir las manifestaciones del 8-M en medio de la epidemia del coronavirus está, dos meses y medio después, marcando la pelea política.
Algunas voces incluso criminalizan a quienes organizaron aquella convocatoria y a quienes la permitieron –¡los han llevado a los juzgados!– con el argumento de que esta contribuyó a la expansión del virus.
La verdad es que cuesta no ver en tan enconadas y furibundas críticas un ataque –y no precisamente subliminal– a la celebración del 8-M como una jornada de reivindicación de la mujer.
Sobre todo porque los 120.000 asistentes a aquella manifestación de Madrid representan una masa insignificante respecto a los 13,9 millones de personas que movió el Metro de esa ciudad –donde el riesgo de contagio es infinitamente mayor que al aire libre– durante la semana previa al famoso 8-M y a los más de dos millones que usaron ese mismo medio de transporte el 9 de marzo; por no citar el millón de personas que durante esas fechas asistieron diariamente a clases solo en Madrid; o los millones de personas que llenaron bares, restaurantes, discotecas…
Pero, claro, aquí de lo único que se habla y lo que se criminaliza es la manifestación del 8-M. ¡Ay, cuánto trabajo queda todavía por hacer en este país!
