Todos quieren morir en Madrid

Una publicación periódica especializada en materia económica, encabezaba hace unos días un artículo bajo el literal “Todo el mundo quiere morir en Madrid”. Dejando al margen posibles matices morbosos, la afirmación tiene, indiscutiblemente, poderosas razones fiscales.

Lamentablemente tenemos un mapa fiscal totalmente dispar, habida cuenta de que la competencia de las Comunidades Autónomas para participar en la configuración de buena parte de los impuestos ha conducido a una verdadera maraña tributaria. “Todo el mundo quiere morir en Madrid”, manifestaba hace unos días Jesús Sanmartin, presidente de REAF-REGAF, órgano del Consejo de Economistas que agrupa a los asesores fiscales, para reflejar las diferencias tributarias, en función de la Comunidad Autónoma de que se trate.

Bueno, en realidad la afirmación de “morir en Madrid” no es precisa, pues en concreto no se trata de morir en Madrid, sino de tener domicilio fiscal en Madrid. Hecha tal precisión, y para entendernos bien vamos a poner un ejemplo: Una persona soltera de 30 años, por haber obtenido una herencia de su padre de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a una vivienda, mientras en Cantabria o Madrid la tributación por sucesiones es casi testimonial al no exceder de 1.600 euros; en Murcia, Andalucía, Asturias y Extremadura, supera los 158.000 euros, mientras que en Catalunya rondaría los 10.000 euros.

El ejemplo anterior es suficientemente significativo y ha conducido a que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) esté, actualmente, controlando con especial atención el domicilio declarado por determinados contribuyentes. Estos, con patrimonios importantes, están trasladando sus domicilios fiscales a Madrid, para beneficiarse de las ventajas que ello proporciona.

Santiago Alvarez, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, destaca la proliferación de medidas tributarias de los últimos años. Y manifiesta que ahora el sistema es muy complejo, con una cesta tributaria que ha aumentado mucho, pero las Comunidades Autónomas solo se quedan con una parte: un 25 por ciento va directamente para la autonomía, mientras que el 75 por ciento restante pasa a los fondos comunes de garantía de servicios sociales, de suficiencia global, de convergencia, de competitividad y de cooperación.

Desde estas mismas líneas en otra Tribuna me refería hace unos días al programa económico del PSOE, en relación con la imposición patrimonial. Desde otro partido, el programa de Ciudadanos (C´S) para la Comunidad Autónoma de Madrid, según Ignacio Aguado y Begoña Villacís, candidatos de C´S a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, respectivamente, entre otras cosas propone reducir el sector público al 25 por ciento y despolitizar Telemadrid. Y, en relación con la temática económica que nos ocupa, manifiestan ambos candidatos que el Impuesto sobre el Patrimonio debe quedarse como está en Madrid y hacer lo mismo en toda España, es decir eliminarlo. Añaden, en mi opinión con razón, que hay que hacer una reforma fiscal a nivel nacional de forma armonizada entre todas las Comunidades Autónomas.

Según los candidatos de C´S una de las patatas calientes es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Manifiestan que propondrán ampliar las bonificaciones a más grados de parentesco; no puede ser que haya competencia entre autonomías. La idea es que no afecte sobre todo a las clases medias y situar el mínimo exento en 700.000 euros. Los dos aspirantes indican que el programa de C´S incluirá un aumento de las deducciones autonómicas, con ampliaciones para el alquiler, la deducción para las PYMES y para el gasto de las guarderías. Sin duda alguna, de salir adelante estos programas, ya no será válido el encabezamiento de “Todos quieren morir en Madrid”.