Tres magistrados en el gobierno

Con tres magistrados en el Gobierno de coalición debiera imperar la Ley. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia y uno de los tres magistrados que integran el actual Gobierno, ha salido en defensa de la justicia en España, lo cual por su obviedad no debiera de ser noticia. En una democracia, el cumplimiento de las normas es esencial para su supervivencia y todo el que se las salte debe ser juzgado y condenado, si se prueba su culpabilidad. 

El ministro Campo hizo estas declaraciones en la sede del Consejo de Ministros, al referirse a las críticas explícitas de algunos de sus socios de Gobierno, sobre la repetición del juicio a Arnaldo Otegui, cuya sentencia había sido anulada por el Tribunal Europeo. Cualquier jurista sabe perfectamente que, si se anula un juicio, hay que repetirlo. También lo sabía el ex dirigente etarra y actual líder de EH Bildu, cuando recurrió la sentencia del Tribunal Supremo por la que fue condenado a seis años de cárcel.

Pero una cosa son los conocimientos básicos del derecho y la justicia y otra bien distinta es el sectarismo y el oportunismo político, cuando se quiere blanquear a un político al que se necesita para socavar las instituciones del Estado. Una vez más, los dirigentes de Unidas Podemos, auxiliados por los independentistas vascos y catalanes, han puesto claramente de manifiesto su doble vara de medir, frente a las decisiones judiciales. Solo las aceptan si forman parte de su relato, al servicio de sus intereses. Con un juego absolutamente desleal, consideran ilegítimas las sentencias que les son desfavorables, mientras defienden aquellas que les favorecen y no ahorran ataques a jueces y magistrados que no entran en su calaña política. 

El imperio de la Ley debe marcar la actividad de los tres poderes del Estado. Los responsables del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deben adecuarse a la legislación vigente y respetar la independencia del resto, sin buscar atajos ni plantear sibilinos ataques. No resulta razonable que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace dos años.

Pedro Sánchez y Pablo Casado se culpan mutuamente del fracaso, pero ambos son responsables de incumplir el mandato constitucional. Es el peor favor que pueden hacer a la democracia en España, en unos momentos en los que es más importante que nunca respaldar a sus instituciones. A peor, desde el Gobierno de coalición, con tres magistrados integrantes, se intenta modificar las reglas de juego. Un disparate.

El permanente frentismo parece que da votos a corto plazo. Según varias encuestas recientes de intención de voto, PSOE y PP aumentarían sus escaños en el Parlamento, mientras Unidas Podemos y Vox estarían en caída libre. Y mientras tanto, cada miércoles se repite un nuevo espectáculo circense en el Congreso de los Diputados, semejando una fiesta de pueblo con vecinos mal avenidos, en el que los insultos siguen eclipsando el debate sobre los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos.

Nuestros políticos no se dan cuenta del daño que están haciendo al sistema democrático, aunque algunos seguro que sí y por eso siguen tensando la cuerda y alzando el nivel de la crispación y la polarización. Mal camino, porque la tensión puede provocar la rotura de la cuerda.

Jose-Daniel Vila Robert: Ex subdirector general y director de Patentes e Información Tecnológica del Ministerio de Industria y Energía.