El jueves hará un año que la explosión de un reactor de Iqoxe nos recordó los peligros que entraña convivir junto al polo petroquímico más importante del sur de Europa. Un año después hay aún muchas incógnitas y deberes para todos. Buena parte de los interrogantes los tiene que resolver la juez que instruye el caso, que, entre otros, investiga el incremento «significativo» de la capacidad de producción de la plantas, la insuficiencia de personal para vigilar el proceso de fabricación y posible defectos en el mantenimiento de instalaciones y maquinarias. Pero al margen de las responsabilidades penales hay otras y repartidas entre diferentes actores. Por un lado, de las administraciones. Si bien es cierto que la comisión de estudio creada adhoc por el Parlament ya ha acabado su trabajo y ha instado a bunkerizar las salas de control y a instalar cajas negras y controles remotos, ahora son las diferentes administraciones las que deben velar porque esas recomendaciones en pro de una mayor seguridad se conviertan en realidad e incluso plantearse si son necesarios cambios en la normativa como los que supusieron accidentes anteriores como el de Seveso. De momento, el inicio no ha podido ser más decepcionante, sin la partida del Govern para la red de sensores que se había comprometido a instalar en 2020. También tiene deberes, la AEQT, que debe decidir si quiere tener un papel más activo en el proceso o seguir ejerciendo solo de lobby. Y por último, la sociedad civil tarraconense (y no únicamente los vecinos Bonavista, Torreforta o La Canonja) que hace un año no se caracterizó por su presión y movilización pese a lo sucedido.