Un impuesto injusto

La inflación es un impuesto enmascarado que afecta especialmente a las clases más desfavorecidas de la sociedad y a los trabajadores, que sufren en sus bolsillos una pérdida de poder adquisitivo que les deteriora sensiblemente su capacidad de compra y su nivel de vida. Las cifras que, como la prueba del algodón, no engañan a nadie, muestran como el IPC hasta el mes de noviembre elevó su tasa interanual hasta el 5,5%, la más alta en casi treinta años, que contrasta de manera sensible con el 1,5%, que registran las subidas de los salarios pactadas en convenio o con el 2,5%, que es el valor medio que se utiliza para la revalorización de las pensiones.

Es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo generalizada que se hace aún más patente cuando se desciende al incremento de los precios por sectores, que reflejan una subida del 16,8% en la vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; del 3,3% en alimentos y bebidas no alcohólicas y del 2,5% en hoteles y restaurantes. 

Cierto que las primeras estimaciones apuntaban a que este período inflacionario generalizado en la Unión Europea (UE) sería poco profundo y limitado en el tiempo, pero los hechos les han ido poco a poco desmintiendo, con el agravante en España de que el Gobierno tiene ya indexadas las pensiones y ha presupuestado una subida del 2% para los empleados públicos, incluidos los numerosos ministros, mientras recomienda la congelación salarial para los trabajadores del sector privado, frente a las estrategias reivindicativas de los sindicatos y sin arbitrar mecanismos de control de precios.

Se trata de una situación que está provocando las alarmas entre los empresarios y las instituciones económicas, dentro y fuera de nuestro país, ante el temor de qué si se equiparan las subidas salariales a los precios, el impacto del crecimiento de los precios convierta lo que se estima una situación coyuntural en un problema estructural. 

De hecho, el Banco de España ha elevado hasta el 3,7%, su previsión de inflación para el año 2022, dos puntos por encima de sus estimaciones anteriores y 1,7 puntos porcentuales por encima de la subida media de los precios que Bruselas prevé para los países de la zona euro. Una escalada inflacionista y un diferencial con nuestros socios europeos, que está minando también la competitividad de nuestras empresas y de nuestras exportaciones, además de provocar una fuerte rebaja del crecimiento de la economía española, convirtiendo en mentira las previsiones presupuestarias de nuestro Gobierno de coalición. 

La semana pasada conocimos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) había rebajado sus previsiones de crecimiento para nuestro país al 4,6% en 2021 y al 5,8% en 2022, en línea con la OCDE y con el Banco de España, que rebajó sus estimaciones para la economía española al 4,5% y al 5,4%, respectivamente, muy por debajo del 6,7% y 7% que se mantiene en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado.

Con este escenario el argumentario propagandístico de Pedro Sánchez, se antoja tan falso como su promesa de que la luz iba a volver al precio de 2018 al final del año 2021. Porque ni hay recuperación ni, como le han recordado desde los partidos de la oposición, tampoco puede haber justicia con la inflación desbocada, y el déficit público, la deuda y el desempleo disparados.