Un libro icónico y popular

No les voy a hablar del Infinito en un junco, de Irene Vallejo, un libro que roza la excelencia por su contenido -un paseo por la historia de los libros-, por su prosa, que más que tal parece verso en muchos de sus pasajes, y por su fluidez y belleza narrativa. Un hallazgo, vaya. ¡Cuántos libros habrá leído su autora para parir algo así!

Del que en realidad les quiero hablar es del Libro de Familia, ese documento icónico y popular que el Registro Civil entrega a las parejas cuando se casan o tienen un hijo. Un libro con los días contados, pues una ley que entró en vigor el 30 de abril lo suprimió, aunque los expedidos hasta esa fecha seguirán cumpliendo sus funciones mientras se incorporan, de forma progresiva y digitalizada, los registros individuales de los ciudadanos

El Libro de Familia nació hace un siglo largo (1915) con el objetivo de agrupar en un solo documento la información de cada núcleo familiar. En él se anotan, por orden cronológico, los acaecimientos más importantes de la familia: matrimonio de los padres -si existe-, nacimiento o adopción de los hijos, divorcio, defunción… Y en caso de nuevas nupcias o tener hijos con otras parejas, los titulares reciben otro ejemplar para acreditar la nueva relación, de modo que una persona puede tener uno o varios libros de familia, según que se haya casado una o varias veces o tenido hijos con una o varias personas.

Su formato nos resulta muy familiar. Rectangular, tapas en azul marino, con el escudo de España y el nombre del documento en la portada. Cuarenta y tantas páginas en su interior, de las que, curiosamente, solo tienen anotaciones las primeras, quedando las otras vírgenes. Y esa profusión de papel lo convierte en uno de los documentos más caros que expide el Ministerio de Justicia, pues le cuesta 400.000 € al año

El Libro de Familia sirve para acreditar la relación -matrimonial o no- de sus titulares, sus distintas vicisitudes y el parentesco entre ellos y sus hijos. O sea, una suerte de historial de la familia o árbol genealógico de doble grado. Es esencial para solicitar ayudas, demostrar un estatus beneficioso como el de familia numerosa, cursar el DNI o pasaporte de un menor de edad, empadronarse, etc. De ahí que sea un elemento muy preciado, hasta el punto de que las parejas que se separan o divorcian pugnan por quedarse con él, como si de la marca familiar se tratara. Y el que se lo queda suele ser reacio a dejárselo al otro cuando se lo pide, para chincharle o por temor a que no se lo devuelva. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Y en la época de Franco servía para algo que hoy nos parece historia ficción: compartir con el cónyuge la habitación de un hotel. O demostrabas estar casado, o no había nada que hacer, con la música a otra parte. Algo innecesario en Francia, por su tradición liberal. ¡Cuántos recién casados exhibieron, ufanos, el Libro de Familia en el primer hotel que utilizaron en el país vecino! E invariablemente recibían el mismo gesto de rechazo («¡bah!») de la recepcionista.

Como decíamos, el legislador acaba de certificar la defunción del Libro de Familia en papel. Lo sustituye por un registro individual que se abre a cada recién nacido, con un código personal asociado a su documento de identidad, donde se inscriben todos los hechos sobre su identidad y estado civil, y se cierra con el último peldaño de su ciclo vital: la defunción. O sea, el mismo libro pero en digital, que además incorpora de forma automática la información que se va produciendo.

El cambio se enmarca dentro de la digitalización progresiva y universal de nuestro Registro Civil. La idea, en palabras de Sofía Puente, Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (la antigua Dirección General de los Registros y del Notariado), es prescindir del libro en papel, y pasar a otro electrónico al que tienen acceso todas las administraciones y funcionarios públicos, de modo que el ciudadano no tenga que acreditar los hechos de su estado civil, sino que sean las administraciones públicas las que accedan directamente al Registro Civil y se sirvan los datos que necesiten. Libre acceso que también tiene el ciudadano, aunque solo a los datos que a él le conciernen, obviamente. O sea, se pasa del carro al Google.

Pero una cosa es la entrada en vigor de la ley el 30 de abril, y otra la implantación real del registro individual de cada ciudadano, que se producirá con la progresiva digitalización de los registros civiles: el 1 de julio el de Madrid, a mediados de noviembre el de Barcelona, y el resto en unos tres años. ¿Y el de Tarragona? Yo diría que durante el primer semestre del año próximo.

¿Se dará Libro de Familia a los casados –o nacidos- después del 30 de abril? La pregunta viene a cuento porque la ley que comentamos tiene un ángulo muerto que ha provocado cierta alarma social. Por un lado dice que a partir de su entrada en vigor no se expedirán más libros de familia y, sin embargo, el documento que le sustituye no se puede obtener hasta meses después, con la digitalización efectiva de cada Registro Civil. Emulando a Romanones (“Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”), Sofía Puente ha resuelto la cuestión con una circular estableciendo que se seguirá expidiendo hasta que se complete la digitalización.

Un aspecto novedoso del nuevo modelo es que las oficinas del Registro Civil ya no estarán en manos de los jueces. Tras una década de debates sobre quién debe ser el encargado (jueces, registradores, notarios…) finalmente el legislador ha optado por los letrados de la Administración de Justicia, es decir, los antiguos secretarios judiciales, decisión cuestionada por un sector de la judicatura, que la ven como el intento del Gobierno a poner sordina a las críticas de los jueces.

Y para finalizar un consejo. Aunque el Libro de Familia está en el crepúsculo de su recorrido, no se deshagan de él. En este país nuestro las normas provisionales se eternizan no pocas veces. Además, siempre nos servirá como reliquia documental de nuestra historia familiar.

Licenciado en Derecho por la Universitat de València, Paco Zapater es uno de los abogados más conocidos de Tarragona. No solo porque ejerce desde 1980 sino también por su implicación en la sociedad civil. Fue Síndic de Greuges de la URV y concejal de Relacions Ciutadanes del Ayuntamiento de Tarragona.