Una oportunidad para los jóvenes inmigrantes

Mahmed El B., de veinte años, ha puesto en su curriculum el mérito siguiente: «Más de tres años de experiencia en adaptaciones rápidas y cambios de domicilio repentinos debido a los años de búsqueda de empleo en España». No exagera. Ha cursado más de 1.400 horas de formación en albañilería, jardinería y manipulación de alimentos; aun así lleva dando tumbos desde el año 2017. Con dieciséis años Mahmed El B. salió a escondidas de su casa en Marruecos, en los bajos de un camión, para llegar a Melilla en busca de un futuro; meses después llegó a Barcelona. En el centro de acogida de la ciudad condal recibió formación en varios oficios, que podrían darle una salida al hacerse mayor, pero cuando cumplió los 18 años se vió en la calle con un permiso de residencia que no le permitía trabajar. En efecto, la falta de permiso de residencia y de trabajo de estos jóvenes les obliga a callejear por el territorio nacional sin otra vía de auxilio que su propia capacidad de supervivencia, en un medio hostil y con peligro de caer en las redes de la delincuencia y/o la explotación.

El Real Decreto 903/2021, que reforma el Reglamento de Extranjería, entra en vigor el próximo martes 9 de noviembre de 2021 y está pensado, sobre todo, para facilitar los permisos de residencia y trabajo a los tutelados mayores de dieciséis años y a los extutelados. Hasta ahora, al cumplir los dieciocho años se les exigen requisitos, prácticamente imposibles de cumplir, para renovar la residencia (recursos propios mensuales equivalentes al 400% del IPREM) o para obtener su documentación; y, aun cuando cumplan los requisitos, se les concede una autorización de residencia pero no el permiso de trabajo. La reforma también acorta plazos para que los menores acogidos obtengan sus papeles cuanto antes y no pasen meses indocumentados (de nueve meses se reduce a tres meses el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno). Además, la modificación les permite renovar sus autorizaciones cada cinco años (y no cada año, como antes). El cambio también autorizará a trabajar de forma automática a partir de los dieciséis años.

La reforma beneficiará a unos 8.000 menores extranjeros no acompañados y a otros 8.000 jóvenes, extutelados, que llegaron solos a España, pero ya cumplieron la mayoría de edad. En definitiva, el cambio del Reglamento tiene por finalidad eliminar las trabas actuales y evitar la irregularidad y la marginación facilitando el acceso al empleo a miles de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados que llegaron a España de manera irregular.

Algunos sectores han criticado la reforma por entender que puede ser un reclamo e impulse a más jóvenes a emigrar. La reducción de plazos para obtener los documentos/permisos (de 9 a tres meses) puede animar a muchos jóvenes extranjeros a venir a España. También puede ser un incentivo para las mafias y un obstáculo para la lucha contra la inmigración irregular; y puede generar roces con los países de la Union Europea pues los permisos facilitarán el tránsito de estos jóvenes por la Unión.

La reforma del Reglamento no es la panacea al problema inmigratorio. Desgraciadamente, continuará existiendo explotación laboral, racismo, xenofobia, rechazo al recién llegado, etc., agravado todo ello por la falta de una política común europea en materia de inmigración, que regule definitivamente los flujos migratorios, el reparto justo de cuotas entre todos los estados miembros y asegure una dotación económica adecuada a los países del Sur de Europa (Italia, Grecia, España y otros) para la acogida digna de estas personas.

La modificación del Reglamento de Extranjería para los menores no acompañados y extutelados es la puerta a una oportunidad de futuro y de integración social. Si se aprovecha bien, después vendrán los derechos complementarios del régimen legal de extranjería: agrupación familiar, etc. y los derechos económico–sociales de nuestro Estado del Bienestar: prestaciones, servicios, etc.

Los beneficiados de esta reforma deben ser conscientes que disfrutarán de un régimen especial diferente al del resto de menores inmigrantes que han entrado irregularmente en el país, como ellos, pero acompañados de sus familias, y de aquellos que no han tenido la suerte de ingresar en centros tutelados. En estos casos, los menores y jóvenes continuarán, como hasta ahora, como irregulares y con riesgo de ser expulsados.

Esperamos y confiamos que estos jóvenes sepan aprovechar la oportunidad que les brinda el destino y nuestro país y que responderán con generosidad, respeto y adaptación a nuestra cultura, normas y forma de vida. Por nuestra parte, tenemos la obligación moral de acogerlos, ayudarlos y tratarlos como lo que podrían ser: nuestros hijos; esa generación futura que construirá, junto con los nacidos aquí, el destino de nuestro país.