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Una sentencia más que prevista

El TC ha justificado la rapidez con la que ha resuelto en que así lo exige la 'trascendencia constitucional' de la impugnación

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El Tribunal Constitucional, como estaba cantado, ha querido apresurarse en la elaboración y publicación de la sentencia sobre la Resolución 1/XI del Parlament de Catalunya para poner de manifiesto la gravedad del caso. El hecho de que dicha institución resuelva el recurso gubernamental antes de que comience la campaña electoral previa a las generales del 20-D, cuando ni siquiera ha transcurrido un mes desde el 9 de noviembre, fecha en que se aprobó el documento, pone también de relieve la simplicidad del dilema: el caso es de una llamativa obviedad porque la desconexión con la estructura institucional del Estado y el desafío al estado de derecho ni siquiera están sobreentendidos sino que figuran con toda explicitud en su enunciado, que también constituye una clara invitación a desacatar las leyes vigentes. No cabía pues, jurídicamente, otra interpretación. Dicho esto también es remarcable que el redactado de la sentencia huye de un lenguaje de tonos amenazantes y vuelve a situar perfectamente el marco político en el lugar que le corresponde, que no es otro que la propia política. El Tribunal Constitucional recuerda que todo es posible, hasta la propia modificación de la Constitución, pero en tanto no sea así la interpretación del texto vigente no admite dudas: «el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma».

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