Unidas Podemos frente al espejo

Esta semana hemos conocido el procedimiento que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha abierto contra el entorno de Unidas Podemos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, tras la denuncia interpuesta por el exabogado del partido, José Manuel Calvente.

Concretamente, el juez Juan José Escalonilla ha imputado, además de al propio partido como persona jurídica, a su secretario de Comunicación y actual director de Estrategia de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; a la gerente de la formación, Rocío Val; al tesorero, Daniel de Frutos; y a la responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

Los hechos que están siendo investigados son muy amplios: posibles irregularidades en la Caja de Solidaridad (que habría sido utilizada como caja B de la formación), la presunta licitación irregular de la reforma de la nueva sede del partido en el distrito madrileño de Ciudad Lineal (con un presupuesto de 600.000 euros, que terminó disparándose hasta casi millón y medio), la supuesta contratación fraudulenta de diversos servicios durante la campaña electoral de abril de 2019, las dudosas liquidaciones de gastos de algunos dirigentes y trabajadores de Podemos (que podrían encubrir una trama de sobresueldos), etc.

Para esclarecer estas circunstancias, el instructor ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como el estudio pormenorizado de los movimientos económicos vinculados a la Caja de Solidaridad, la investigación de la cooperativa Kinema (fundada por el diputado y portavoz de UP, Rafael Mayoral, encargada de la confección de las nóminas que podrían ocultar los posibles sobresueldos), la toma de declaración a los administradores de las empresas que prestaron servicios electorales el año pasado, el escrutinio de las compañías que participaron en las obras de la sede, etc.

Además, el juez ha puesto la lupa sobre varias sociedades vinculadas a Juan Carlos Monedero (especialmente, sobre la mexicana Neurona Consulting y sobre la portuguesa ABD Europa LDA), ante la posibilidad de que este político hubiera organizado una estructura paralela al partido que se nutría de contratos ficticios firmados por la propia organización, así como de adjudicaciones de instituciones controladas por sus cargos públicos.

Los hechos imputados a Unidas Podemos y a algunos de sus dirigentes son de una gravedad indudable, que se ve incrementada teniendo en cuenta que este partido se sienta actualmente en el Consejo de Ministros.

El escándalo ha dado alas a las formaciones más beligerantes con la Moncloa, especialmente a Vox, que ya ha anunciado una moción de censura en el Congreso: «Se estrecha el cerco sobre Iglesias: financiación ilegal, caso Dina, conexiones con narcodictaduras... Mientras se esclarece, no pueden permanecer un minuto más en el Gobierno».

Sin embargo, el verdadero objetivo de esta jugada probablemente sea Pablo Casado, con quien Abascal mantiene una lucha feroz por el liderazgo de la derecha española. El PP ya ha anunciado que no respaldará esta iniciativa parlamentaria, objetando que está matemáticamente llamada a fracasar, de modo que sólo lograría reforzar a Pedro Sánchez.

Por su parte, los socialistas mantienen un férreo mutismo ante al acoso judicial que sufren sus socios de gabinete, sin duda esperando el desarrollo de los acontecimientos: si las sospechas del juez se confirman, su principal rival en la izquierda quedará abrasado ante la opinión pública; y si se da carpetazo al asunto, este período no habrá generado aristas que puedan dificultar la continuidad del gobierno de coalición.

El equipo jurídico de Podemos ha presentado un contundente recurso contra la actuación del juez, acusándolo de abanderar una «causa general» contra la formación morada, basada en «hacer acopio de cuanta más documentación mejor para, en su caso, decidir cuál es el futuro encaje penal.

Esta inconcreción en origen perturba gravemente el derecho de defensa de las personas investigadas, a las que se les obliga a probar un hecho negativo (la ausencia de hecho delictivo), invirtiendo la carga de la prueba en el proceso acusatorio».

La defensa de UP plantea dos motivos de nulidad de todas las actuaciones: por un lado, el extravío de la mayor parte de la prueba testifical del exabogado de Podemos, sobre la que se asienta fundamentalmente el procedimiento; y por otro, la violación de Calvente de su «deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones del cargo».

Paralelamente, desde una perspectiva más política que legal, Pablo Echenique ha sostenido que, «con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática.

De la única ‘prueba’ que tenían en el juicio fake contra Podemos (la declaración de un tipo diciendo que ‘escuchó’ esto y ‘sospecha’ lo otro), más de tres cuartas partes han ‘desaparecido’. Además de antidemocrático, el lawfare desprestigia a la justicia».

Aunque es evidente que una investigación judicial no equivale en absoluto a una condena, y que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, Unidas Podemos se enfrenta a un grave problema de coherencia y credibilidad ante su electorado y el resto de la ciudadanía.

En su día, el partido de Pablo Iglesias atacó de forma brutal a los populares en una situación similar (presunta malversación articulada a través de una caja B) y hoy los morados se defienden paradójicamente con el mismo argumento que esgrimió Mariano Rajoy, quien atribuía sus problemas judiciales a «una causa general contra el PP». Las hemerotecas las carga el diablo.

Convendría recordar cómo se calificó entonces semejante alegato gubernamental desde la bancada de la oposición: «Un delirio paranoico que no se lo creen ni ustedes».