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Vacilante democracia interna

Las elecciones primarias deberían regularse en la propia ley de Partidos políticos
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Los partidos han deparado un pobre espectáculo con los preparativos de las sucesivas elecciones que han de celebrarse este año en nuestro país. Especialmente llamativo ha sido el proceso de designación de candidatos del PP a las elecciones autonómicas y municipales, tanto por el sistema opaco utilizado -en realidad, el liderazgo del partido designa arbitrariamente a los candidatos- como por los incidentes acaecidos. En el PP de Madrid, ha habido una soterrada guerra interna para impulsar determinados nombres y enterrar otros que ha sacado a la luz episodios detestables y ha revelado la existencia de ‘fuego amigo’ que ha corroborado la impresión de que los partidos, en lugar de ser sociedades basadas en afinidades ideológicas, son en realidad centros de poder en los que la rivalidad es uno de los motores fundamentales de la acción política.

El PSOE, que instauró en su anterior etapa de gobierno elecciones primarias y ha ido depurando el sistema e institucionalizándolo en sus normas internas de funcionamiento, tampoco se ha lucido esta vez, al abortar abruptamente el liderazgo de Tomás Gómez, remiso a reconocer que no era el apropiado para esta nueva etapa. También las formaciones minoritarias han tenido problemas, como es el caso de Izquierda Unida, cuya candidata elegida en primarias, Tania Sánchez, declinó el nombramiento y abandonó el partido.

Estas luchas cainitas, paliadas con dificultad por el procedimiento democrático, han contribuido sin duda a la gran desafección que aqueja a las organizaciones tradicionales, en cuyos caladeros de votos están pescando las nuevas formaciones, Podemos y Ciudadanos. En cualquier caso, y aunque estas formaciones hayan conseguido evitar los vicios autoritarios de los viejos partidos, el asunto no puede quedar al albur de las sucesivas mayorías en cada formación y debería resolverse en el plano superior de las reglas de juego que rigen el sistema democrático. En otras palabras, lo adecuado sería que las elecciones primarias, que tienen el cometido de preseleccionar a los candidatos que representarán a los partidos en las confrontaciones electorales, se regularan a través de la propia ley de Partidos Políticos, que debería desarrollar en toda su magnitud la disposición constitucional del artículo 6 CE que declara que los partidos “expresan el pluralismo, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”, no sin establecer que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

En la gran democracia norteamericana, las elecciones primarias -y otras instituciones como los caucus, las asambleas, las convenciones, etc.- son ya indisociables del modelo representativo. En concreto, las elecciones primarias fueron establecidas por el Partido Progresista, fundado en 1912 por Theodore Roosevelt. Posteriormente, han sido las instituciones gubernativas las encargadas de llevar a cabo las primarias en nombre de los partidos, y es curioso señalar que incluso el Partido Comunista de los Estados Unidos aceptó el régimen de primarias en 1948. El modelo norteamericano se ha extendido a Canadá y a muchas democracias latinoamericanas. En España, después del rodaje de la democracia durante más de treinta años, constituyen una exigencia política muy extendida, por lo que tiene todo el sentido introducir este sistema en la normativa básica que regule el sistema de representación. En este proceso, habrá que debatir y acordar las características de las primarias: en qué casos habrán de ser abiertas -abiertas a los simpatizantes-, qué avales deberán aportar los candidatos -se trata de limitar su número sin cercenar posibilidades-, qué incompatibilidades es razonable mantener, etc.

Sin duda, este asunto deberá incluirse en el conjunto de medidas de regeneración democrática que las futuras mayorías deberán abordar.

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