Vacíos de liderazgo

Por todas partes se aprecia cierta creencia de que los líderes han traicionado a la sociedad. Más en general, élites y expertos están sufriendo una acelerada pérdida de credibilidad. Es una de las herencias que deja la crisis iniciada en 2007-08, cuyo exponente es la proliferación de populismos de diverso signo, que van desde el Tea Party en Estados Unidos a distintas fórmulas antisistema emergidas en la mayor parte de la Unión Europea (UE).

Razones no faltan. La ausencia, o lo decepcionante de las respuestas hasta ahora ofrecidas desde la dirigencia –pública y privada– está dejando espacio a la aparición de apóstoles visionarios que aseguran tener soluciones simples para problemas complejos, buscando convencer a ciudadanos con poca o ninguna esperanza en el presente y el porvenir. Suena descorazonador.

Vivimos sin duda tiempos de transición, entre un modelo agotado, que ya no es capaz de resolver casi nada de lo que importa, y otro que no se tiene claro cómo va a ser ni cuándo acabará por llegar. La añeja dicotomía entre derechas e izquierdas aparece superada por la contraposición entre cosmopolitismo más o menos liberal y formas de un populismo antiliberal o mejor iliberal.

El chivo expiatorio frecuente es la globalización. Señalarla como causa de todos los males forma parte del pálpito reduccionista que domina el debate, pasando por alto que en las últimas décadas ha contribuido a sacar de la pobreza a más de 1.000 millones de personas e impulsado cotas no conocidas de prosperidad. Lo problemático –insostenible– es cómo se ha repartido y se sigue repartiendo la riqueza a nivel nacional, en cada sociedad. De ello deriva la declinante fe en un sistema que crea riqueza, pero no la distribuye como sería de desear.

Retrocediendo en la historia, no ocurre, ni mucho menos, por primera vez. Se puede, en cierta medida, asimilar a lo ocurrido, por ejemplo en Europa, a medida que se fue consolidando la primera revolución industrial. Con matices, el continente acabó sumido en una sucesión de conflictos, que sólo se superó mediante la configuración de un nuevo contrato social, basado en el estado de bienestar y la provisión universalizada de servicios públicos.

Toca recordar que, aunque ahora parece que viene de siempre, cualquiera se hubiera maravillado, hace un siglo, ante la expectativa de recibir educación y sanidad aseguradas, con mayor o menor grado de gratuidad. Lógico es que inquiete la mínima perspectiva que tienda a ponerlo en peligro o en cuestión.

De alguna manera, la encrucijada vuelve a producirse, esta vez centrada en el claro declive de las bien o mal llamadas clases medias; sin duda, la principal aportación del aludido contrato social. Recuperando a Karl Marx, conviene recordar su vaticinio de que la burguesía no iba a poder consumir todo lo que producía y el proletariado, demasiado pobre, tampoco iba a tener capacidad de comprarlo. La desigualdad, en fin, provocaría un agudo déficit de demanda que acabaría causando el desplome del sistema. Lo que no previó fue precisamente la capacidad de articular una amplia clase intermedia que daría al modelo los equilibrios necesarios para pervivir.

Casi dos siglos después, la amenaza revive, aunque no de la forma prevista por el pensador alemán. El retroceso es palpable, no sólo porque el modelo no se muestra capaz de proporcionar ocupación digna y suficiente, sino también porque el Estado padece notorias insuficiencias para cubrir el papel asignado como garante de la prestación de servicios y bienestar.

Hoy, el trabajador medio no sólo debe hacer frente a un declinar de los salarios como consecuencia del desajuste entre oferta y demanda laboral, sino también a la amenaza de máquinas y algoritmos cada vez mejores y más baratos. Y, por diversas razones, se ha quebrado la ecuación entre la contribución fiscal y las exigencias de gasto que los gobiernos han ido asumiendo ante la sociedad.

Es bueno recordar también que, ya desde Aristóteles, prima la convicción de que la democracia estable precisa asentarse en una amplia clase media. Lo que conduce a otro gran reto de nuestro tiempo: perpetuar el sistema político con unos estratos medios declinantes, tanto en capacidades como en dimensión.

Reconvertir el modelo, para algunos reinventarlo, no será fácil ni, de momento, se atisba cómo ni por cuál. Lo público tendrá que hallar nuevas formas de ingresar, pero también de gastar o, lo que viene a ser lo mismo, prestar los servicios a los que la sociedad ni quiere ni tiene por qué renunciar. Pero no menos, el sector privado deberá asumir la conciencia de que la sostenibilidad del conjunto y de cualquier negocio particular peligra a medida que siguen avanzando los niveles de desigualdad.

Algunos confían en que todo se acabe arreglando gracias a implementar las nuevas tecnologías por doquier, pero el pronóstico incurre en un exceso de simplificación. Los hay que empiezan a llamar la atención sobre las verdaderas implicaciones del auge de la llamada economía colaborativa y los negocios en red. Interesante es lo que el británico Andrew Keen expone en su Internet no es la respuesta (Catedral, 2016), fijando el acento en que se está desarrollando un modelo de producción en el que los productores son al mismo tiempo clientes sin retribución, cuyas ganancias van a parar a unos pocos, sin generar riqueza ni contribuir por vía fiscal. Es, en suma, una economía en la que los ganadores se quedan con todo y tienden a configurar mo-nopolios que retroalimentan su dominio usando su potencial financiero para liquidar al competidor. No suena a anticipo de solución.