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Y ahora sin presupuestos

En los últimos ejercicios la Generalitat nunca ha cumplido con el objetivo de déficit establecido

José Daniel Vila Robert

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Aestas alturas el Parlament de Catalunya debería estar discutiendo y aprobando los Presupuestos Generales para el ejercicio de 2016. Como es sabido, se trata de la norma más importante del año, que encauza toda la política económica a seguir. Pero parece que en Catalunya lo relevante del momento, para un gobierno en funciones, no pasa por la programación económica, sino por otros cauces bien distintos.

Lo anterior, en mi opinión, no tiene que extrañarnos pues desde el año 2011 en Catalunya no se aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos cuando toca hacerlo, que es durante el mes de diciembre. Tradicionalmente el Govern presentaba su Proyecto de Ley de Presupuestos en otoño y el Pleno del Parlament los aprobaba en la última sesión del año, antes del paréntesis navideño, junto a la Ley de Medidas Fiscales, más conocida como “Ley de Acompañamiento”.

Curiosamente, la Generalitat de Catalunya emitió una orden interna, en el pasado mes de junio, en la que instaba a todas las conselleries a iniciar la redacción de las cuentas públicas del año 2016. Pero los trámites se paralizaron cuando se convocaron las elecciones del 27S, que acaban de dar a la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) la llave de la gobernabilidad. Si no hay pacto entre Junts pel Si (JxSi) y la CUP, las cuentas de 2015, deberán prorrogarse de forma automática, mes a mes, por doceavas partes.

El conseller Andreu Mas-Colell, dio instrucciones concretando algunos de los ejes de trabajo, aunque en la actualidad con las negociaciones postelectorales, con toda seguridad, deberán cambiar. Los objetivos iniciales eran garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, luchar contra la exclusión social, frenar la destrucción de empleo, mejorar la competitividad de la economía catalana e impulsar una mayor transparencia en la gestión pública.

Y todo lo anterior debía hacerse cumpliendo con el objetivo de déficit fijado por el Estado, que se sitúa en el 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2016, aunque la Generalitat considera insuficiente esta cifra y pide más margen porque son las Comunidades Autónomas y no el Estado quién financia la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero, hasta el presente, no se ha logrado flexibilidad por parte del Estado. Tampoco se han iniciado las negociaciones para reformar el actual sistema de financiación autonómica, para incrementar al alza las transferencias del Estado a las comunidades de régimen común.

En los últimos ejercicios la Generalitat nunca ha cumplido con el objetivo de déficit establecido por el Gobierno central. Las cuentas del ejercicio de 2014, aún no se han liquidado de forma definitiva, aunque según el primer balance provisional de cierre el déficit se ha situado en el 2,54 por ciento del PIB, cuando el límite impuesto por el Estado era del uno por ciento. Para este año las previsiones apuntan a que tampoco la Generalitat va a lograr cuadrar las cuentas. Los presupuestos vigentes establecían unos ingresos extraordinarios, en concepto por el pago a la administración catalana de deudas históricas, que no se han realizado.

El panorama se presenta complicado. El primer Pleno de la legislatura donde los diputados tomarán posesión y se elegirá a la mesa del Parlament, se debe celebrar como muy tarde el próximo 26 de octubre, aunque las negociaciones para formar gobierno pueden seguir. El plazo para que JxSi y la CUP cierren un acuerdo de gobernabilidad termina el día 9 de enero. Si en esta fecha no se ha elegido a un presidente de la Generalitat deben convocarse nuevas elecciones. Mientras tanto, Artur Mas y su equipo de gobierno seguirían en funciones.

Así las cosas y sin presupuestos para 2016, o con presupuestos prorrogados y, a mayor abundamiento, con la caja vacía, la gobernación resulta muy difícil. Y si a ello se añade que la CUP se muestra partidaria de no pagar aquella parte de la deuda catalana que considera “ilegítima” y de “desobedecer” las leyes que considera injustas como, por ejemplo, las derivadas de las políticas de austeridad dictadas por el Estado y la Unión Europea (UE), el panorama no puede ser más desalentador.

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