¿Y la libertad de expresión?

Mariano Rajoy ha aseverado con rotundidad que el referéndum del 1 de octubre «no se va a celebrar». A diferencia de lo que sucedió el 9-N, ante el que el Gobierno se limitó a desprestigiar la convocatoria, en este caso el objetivo es no permitir que el 1-0 no se concrete ni siquiera en intentona. Para ello, el Gobierno está desplegando todos sus recursos, judiciales y policiales, para impedir que el día señalado para la consulta abran colegios electorales y aparezcan urnas en las que depositar el voto. Toda la estrategia del Gobierno, llevada al límite, amenaza con romper la «moderación y proporcionalidad» de la que Rajoy siempre ha hecho gala a la hora de dar respuesta al desafío independentista. Algunas de las medidas que se han comenzado a desplegar son preocupantes por lo que tienen de amenaza a derechos fundamentales. Especial alarma suscita la comunicación que han recibido los directores de medios públicos en el sentido de que se abstengan de «tramitar, informar y / o dictar (...) acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y / o celebración del referéndum sobre la autodeterminación en Catalunya» si no quieren incurrir en posibles consecuencias penales. Del mismo modo el juzgado contencioso administrativo de Madrid ha suspendido el acto en favor del referéndum organizado por la entidad Madrileños por el derecho a decidir  que debía celebrarse el próximo domingo 17   en una de las naves de  un espacio de titularidad municipal. Este tipo de medidas no inciden sobre hechos efectivos sino sobre la mera expresión de ideas. Uno de los principios esenciales sobre los que se fundamenta toda democracia es la libertad de expresión. Las órdenes desplegadas a todos los cuerpos policiales de que se incauten de urnas y papeletas, así como el refuerzo de efectivos policiales invitan poco a crear un clima de sosiego. Mientras tanto seguimos a la espera de propuestas políticas que exploren una salida a la crisis que vivimos y de la que todos coinciden que no tiene otro camino que el del diálogo y no el judicial y policial.