Administración tributaria y ética

El pasado día 7 de septiembre se anunció en el Boletín Oficial del Estado la creación de una Comisión Consultiva de Ética en el seno de la Agencia Tributaria. El principal objetivo de este órgano será el de asesorar en el seno de la Agencia sobre aspectos relacionados con principios y valores, reputación institucional o conflictos de intereses. Además, prestará apoyo a los funcionarios en la aplicación práctica de los principios marcados en el código de conducta de la Agencia. 

La creación de esta comisión se enmarca en el plan estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria en el que se anunciaron, además de la creación de dicha comisión, una serie de medidas dirigidas a reforzar su infraestructura ética y de gobernanza. En el mismo plan se reconocía que la regulación existente en el estatuto público del empleado era insuficiente por lo que hacía falta dar un paso más para reforzar el compromiso explícito de la Agencia en este campo. 

Históricamente, en el ámbito de la fiscalidad, se ha tendido a poner el foco en la figura de los contribuyentes al abordar aspectos éticos. En la actualidad esto está cambiando y la sociedad exige con mayor énfasis a las administraciones públicas un comportamiento ejemplar y, por ende, un compromiso firme con principios morales y éticos.

Esta misma exigencia se viene observando desde hace años en el mundo empresarial y hoy en día la mayoría de las empresas incorporan dichos principios en sus distintos ámbitos de actuación, englobados bajo lo que se conoce como Responsabilidad Social Corporativa. 
Este compromiso firme por parte de la Agencia Tributaria por la ética debe entenderse como parte de un proceso transformador del modelo tradicional de política fiscal que viene produciéndose en los últimos años. Este proceso gradual ha permitido realizar avances significativos en materia de transparencia fiscal, en el fomento de una relación cooperativa entre los contribuyentes y la administración tributaria, en la lucha contra el fraude fiscal y en materia de cooperación y coordinación de políticas fiscales entre los Estados. 

Sobre el papel la comisión nace con funciones y responsabilidades claras, aunque la falta de financiación adicional plantea ciertas dudas respecto a su eficacia futura. A pesar de la poca difusión mediática de esta medida (ni el Ministerio de Hacienda ni la Agencia publicaron nota de prensa alguna), con la aprobación de esta comisión, la Agencia Tributaria parece estar siguiendo la senda marcado por el sector privado en materia de integridad y valores corporativos, dando respuesta a parte de las exigencias de la sociedad.

Jordi Morera Xicoy es Asociado senior de Deloitte Legal