Consuelo

Consuelo Madrigal sustituirá al dimitido Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado. Dicen que, pese a su perfil conservador –ya estamos–, no lo tiene político, lo cual se antoja una contradicción. No quita que no pueda ser imparcial, autónoma e independiente, ojo. Su antecesor, que lo pretendió, se ha marchado harto de las presiones del Gobierno. Con el monumental cabreo –con perdón– que debe llevar encima, retoma su plaza en el Tribunal Constitucional. Y tan ricamente. La verdad sea dicha: Torres-Dulce ya habló muy clarito el 26 de noviembre, cuando compareció en el Congreso para presentar la memoria de 2013 –a petición del PSOE, dicho sea de paso. Incidió ese día, sobre todo, en la «necesidad de reforzar la autonomía del fiscal como presupuesto de la imparcialidad de su actuación». Como si fuera el no va más, el Estado presume de que en su elección intervienen los tres poderes: la propone el Gobierno y dan el visto bueno el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial. En enero, sin embargo, el Consejo de Europa instó a reconsiderar el «nombramiento directo» por parte del Ejecutivo, y dio de plazo a España hasta junio de 2015 para que diga qué medidas ha tomado –¡ja!– para «garantizar mejor que la labor de la Fiscalía es y aparenta ser imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia». Qué gracia, sobre la imparcialidad, lo de «garantizar mejor» y «es y aparenta». Madrigal asumirá en año electoral, lo que significa quieto parao. Por cierto, que el programa de Podemos sí contempla el cambio indicado por Bruselas, y también la Constitució catalana del juez Vidal. De la futura fiscal se asegura también que es resolutiva y agradable. Es un consuelo, pero parcial. O sea, en parte.