La atención a las personas mayores supone uno de los más exigentes retos para una sociedad que, como la nuestra, avanza de forma inexorable hacia el envejecimiento de la población. La mayor esperanza de vida es un logro indudable, pero la llegada de la vejez va ligada en muchos casos a un deterioro de la salud, tanto física como cognitiva y mental, que hace necesarios unos cuidados y unas atenciones que a menudo imposibilitan el objetivo de mantener a las personas en sus viviendas.
Es entonces cuando las familias se plantean el recurso de las residencias, un servicio limitado al que no es sencillo ni barato acceder. De hecho, con datos del mes de abril, el Departament de Drets Socials de la Generalitat aseguraba que en la demarcación de Tarragona había más de 1.600 personas en lista de espera para entrar en una residencia.
Sí, obtener un plaza pública es una odisea, por lo que es una buena noticia que la Generalitat haya aprobado un aumento de la prestación económica vinculada al servicio para las personas que viven en residencias privadas y tienen una renta baja, que pasará de los 747 euros actuales a los 1.239. Se trata de una larga reivindicación, pues la ayuda, que se otorga según el nivel de dependencia y el grado de discapacidad de la persona y que se destina a cubrir los gastos de los servicios que han de tener las personas con discapacidad cuando no es posible la atención en un servicio público o concertado, no se actualizaba desde 2012.
Se trata, pues, de una medida que permitirá reducir la lista de espera y ampliar la cifra de personas que reciben esta prestación. Es un paso adelante, pero aún es mucho lo que queda por hacer en el ámbito de la atención a las personas mayores. Uno de los retos pendientes, y no precisamente de los menos importantes, es adecuar las viviendas e incluso el urbanismo de nuestros pueblos y ciudades para combatir esa soledad no deseada que tanto daño y tanta tristeza causa.
La tarea es ingente y obliga a trabajar ya en ella.
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