Tarragona sumará 247 nuevas plazas residenciales para personas mayores en 2025, todas ellas fruto de la iniciativa privada. A simple vista, es una buena noticia: se amplía la oferta de un recurso necesario en una ciudad que envejece. Pero una mirada más pausada invita a matizar el optimismo y a abrir el debate: ¿cuántas plazas necesitamos realmente? ¿Y qué tipo de modelo estamos construyendo para nuestros mayores?
Además, el crecimiento exclusivamente desde el sector privado plantea interrogantes sobre el acceso universal. ¿Tendrán todas las personas mayores, con pensiones modestas, la posibilidad real de optar a una plaza? ¿Cómo se garantiza la calidad y la supervisión en este entorno cada vez más mercantilizado? Al mismo tiempo, urge repensar el modelo.
Las grandes residencias tradicionales, aunque necesarias, no son la única vía. Hay que avanzar también hacia fórmulas que permitan a las personas envejecer en su propio hogar. La atención domiciliaria profesionalizada, el apoyo a cuidadores y cuidadoras informales —en su mayoría familiares— y los servicios comunitarios de proximidad deben dejar de ser los grandes olvidados del sistema.
En muchos casos, permitir que alguien siga viviendo en su casa con los apoyos adecuados no solo es más humano, sino también más eficiente. Y también están, como solución intermedia, los pisos compartidos con asistencia —pequeños hogares con acompañamiento profesional y convivencia entre personas mayores— que están demostrando ser una alternativa más humana, cercana y adaptada a las nuevas formas de envejecimiento. Promover estos formatos requiere voluntad política, inversión pública y creatividad en la planificación urbanística.
Envejecer no debería equivaler a aislarse o institucionalizarse, sino a transitar una nueva etapa con dignidad, autonomía y opciones diversas. Tarragona –más allá de la ciudad, hablamos ya de demarcación– crece en plazas, sí. Pero también debería crecer en ideas, en equidad y en sensibilidad para afrontar uno de los mayores desafíos sociales del siglo XXI. Es imprescindible una estrategia pública integral que combine plazas, atención domiciliaria, vivienda accesible y redes comunitarias. Solo así se podrá garantizar un envejecimiento digno y justo para todos.
