T ras seis intensas sesiones en el Tribunal Supremo, el proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. No se trata solo de un juicio técnico, sino de una batalla simbólica por la independencia de las instituciones frente a la instrumentalización política y mediática. La Abogacía del Estado, en su defensa, ha insistido en que García Ortiz actuó dentro de la «dinámica institucional, legal y legítima» que ampara al Ministerio Fiscal. Emitir una nota de prensa para ofrecer información veraz no constituye una falta, sino un ejercicio de responsabilidad pública frente a los bulos y la manipulación informativa.
La única filtración acreditada es la
de Alberto González Amador al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso
Durante el proceso, la defensa ha recordado que la única filtración acreditada fue la de Alberto González Amador al entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Aun así, el debate público ha girado en torno al fiscal general, alimentando lo que la Abogacía calificó como un «juicio paralelo basado en conjeturas», en un contexto mediático que ha desbordado con frecuencia los límites del debate jurídico. España no puede permitirse que su justicia se convierta en un campo de batalla política, ni que ciertos sectores de la derecha —en su estrategia de desgaste— utilicen las instituciones con un «todo vale» que erosiona la confianza ciudadana. La manipulación de los resortes judiciales con fines partidistas no solo desprestigia al adversario: ensucia a la propia democracia.
El poder judicial debe mantenerse al margen del ruido y del cálculo político. Defender su independencia no es una cuestión de ideología, sino de principios democráticos. La justicia no puede ser una herramienta de revancha ni un arma electoral. Quienes la manipulan, quienes la tensionan hasta deformarla, comprometen el equilibrio mismo del Estado de Derecho. Álvaro García Ortiz ha optado por no hacer uso de su derecho a la última palabra. Tal vez porque en este proceso, las palabras sobran y lo que falta es respeto institucional. El «todo vale» no vale. Y es responsabilidad de todos —políticos, medios y ciudadanía— impedir que el descrédito y la manipulación sigan manchando las instituciones que nos representan.
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