La reciente propuesta de reubicar a 20.000 migrantes en el conjunto de la Unión Europea vuelve a situar en el centro del debate un asunto que lleva años sin una respuesta plenamente coordinada: cómo gestionar la migración de manera justa, humana y eficaz. El nuevo Pacto Migratorio de la UE, cuya aplicación comienza a tomar forma, pretende precisamente eso: equilibrar responsabilidad y solidaridad entre los Estados miembros. Sin embargo, ningún pacto será creíble si no se asume una realidad evidente: Europa no puede vivir eternamente detrás de la llamada “fortaleza Europa”. Los flujos migratorios son un fenómeno estructural, no coyuntural. Ni los muros, ni las vallas, ni las políticas puramente restrictivas detendrán lo que responde a dinámicas económicas, demográficas y geopolíticas que superan fronteras. El pacto busca distribuir tanto el esfuerzo de acogida como las aportaciones económicas entre los países miembros. Es un paso importante, pero aún insuficiente. No se trata solo de crear cuotas o mecanismos de compensación financiera; se trata de que la UE funcione en la práctica como un espacio verdaderamente solidario, donde ningún país soporte en solitario la presión migratoria por su ubicación geográfica. Los fondos europeos deben orientarse no solo a la gestión de fronteras y los procedimientos de asilo, sino también a la integración real: formación lingüística, homologación de títulos, participación laboral y apoyo comunitario. La acogida sin integración es un mecanismo fallido, y la integración sin inversión es una ilusión. Resulta llamativo que incluso la patronal española haya recordado públicamente que España necesita más inmigrantes para sostener su crecimiento económico y su mercado laboral. No es una postura aislada; la demografía europea es clara: población envejecida, baja natalidad y sectores productivos con falta crónica de trabajadores. Pero no se trata de crecer a cualquier precio. La migración no puede ser vista únicamente como mano de obra barata ni como un parche demográfico. Requiere planificación, derechos laborales garantizados y políticas activas que respeten la dignidad de las personas.