Inaceptable la presión de los maquinistas de Renfe

La situación que viven estos días los usuarios de Rodalies y Regionals ha vuelto a evidenciar una realidad incómoda: el sistema ferroviario en Catalunya funciona al límite y sin una planificación adecuada para afrontar riesgos que ya no son excepcionales, sino estructurales. La decisión de los maquinistas de no asumir determinados trayectos tras el accidente de la R4 se entiende desde el punto de vista humano y profesional. El duelo y la necesidad de garantías de seguridad son legítimos y merecen respeto. Pero esa comprensión no puede ocultar el impacto de unas decisiones que han dejado a unas 400.000 personas sin una alternativa de movilidad fiable. Poner en jaque su día a día, sin información clara ni soluciones eficaces, no es de recibo. Es evidente que el riesgo cero no existe, ni en el ferrocarril ni en ningún otro ámbito de la vida. Ningún profesional puede trabajar con la garantía absoluta de que no habrá incidentes. Precisamente por eso resulta aún más incomprensible que Adif no cuente con una planificación sólida para gestionar riesgos que no solo son conocidos, sino que van en aumento. El cambio climático ya no es una hipótesis futura: sabemos que lloverá más, de forma más localizada y más intensa, y que esto incrementará los deslizamientos de tierra en toda la cuenca mediterránea.

¿Cómo es posible que este escenario no esté plenamente previsto? A esta falta de previsión se suma una comunicación deficiente, fragmentada y tardía, que agrava la sensación de abandono entre los usuarios. Avisos confusos, información contradictoria y la ausencia de canales claros para explicar qué ocurre y cuánto durará la situación solo alimentan el malestar y la desconfianza. La crisis de Rodalies y Regionals no es solo un problema técnico ni laboral; es un fallo de gobernanza y de planificación. Mientras no se asuma que el ferrocarril es un servicio esencial que requiere anticipación, inversión y una comunicación transparente, los episodios de colapso seguirán repitiéndose. Y quienes acabarán pagando las consecuencias, una vez más, serán los mismos: los ciudadanos que dependen del tren para vivir.