El IPC pasa factura a los vecindarios

La inflación ha empezado a pasar factura en comunidades de vecinos de Tarragona que han recortado en limpieza, mantenimiento, iluminación e incluso en ascensores para gastar menos. O se hace eso o toca subir cuotas pero en algunos vecindarios eso es inviable porque estamos hablando de comunidades con familias con pocos recursos que ya tienen dificultades para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra básica o de los recibos de alquiler, luz y agua de sus propias casas.

El propio Banco de España ha arrojado datos en los últimos días que apuntan a que cada vez más hogares recurren al crédito al consumo para afrontar sus compras ante el contexto actual de inflación persistente, para afrontar pagos habituales, deudas pendientes o acceder a bienes y servicios básicos. Y como los tipos de interés también van al alza, un endurecimiento del acceso a financiación puede llevar a las personas más vulnerables a tener que buscar alternativas en condiciones mucho más graves como las tarjetas «revolving» y créditos rápidos. Eso si no repunta la morosidad.

Frente a esta realidad, ayer mismo la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) hizo un llamamiento a las administraciones públicas de todos los niveles a adoptar medidas para que los colectivos más vulnerables se vean afectados lo menos posible por esta situación. De la misma manera que durante la pandemia se aprobó el llamado «escudo social» para proteger a aquellos ciudadanos más castigados por los efectos económicos de la Covid-19 y, entre otros, se frenaron los desahucios y los pagos de alquileres de vivienda y se prohibió cortar los suministros básicos a familias con pocos recursos, el actual contexto de inflación desbocada, en parte por la invasión de Ucrania por parte de Rusia obliga a tomar medidas para anticiparse a la desigualdad que se atisba.