La conflictividad en que está sumida estos días el sector sanitario y que se agravará en las próximas semanas con convocatorias de huelga es solo un síntoma de la tormenta perfecta que se está gestando sobre el sistema de salud público español. El progresivo envejecimiento de la población requerirá una demanda de la atención que irá en aumento, mientras las plantillas de profesionales sanitarios disminuyen. Especialmente devastadora resulta la no solo imparable sino creciente fuga de facultativos y enfermeras, bien hacia el extranjero, bien hacia otras ciudades o comunidades que les dispensan un mejor trato y reconocimiento. A esta fuga de talento hay que añadir el déficit cada vez más evidente de médicos que se van jubilando.

La situación es cada día más grave y no se resolverá sin medidas estructurales. Es verdad que en los últimos años se han aumentado las plazas para estudiar Medicina y la oferta de plazas MIR para la formación de especialistas, medidas que van en la buena línea pero que son insuficientes. Teniendo en cuenta que la formación de un médico requiere 12 años de estudio, aumentar la oferta no ofrece resultados a corto plazo. Por otra parte, de poco sirve que se aumenten las plazas si, cuando terminan la carrera, cada vez más médicos emigran a otros lugares huyendo de la precariedad laboral y de unas condiciones de trabajo cada vez más estresantes. Otra solución es importar médicos, pero lo más lógico sería tratar bien a los que formamos para que les resulte atractivo ejercer aquí. El sistema sanitario público es uno de los grandes pilares del Estado de bienestar. Dejar que se descapitalice es algo que ningún gobierno, nacional o autonómico, debería permitir. De hecho, en cualquier país moderno –y este debería serlo– el autoexilio de tantos médicos y enfermeras motivaría una gran alarma social. Sí, hay que actuar y hacerlo con rapidez. Y la sociedad civil debe exigirlo, pues es su salud la que está en juego.