En los últimos meses, los vecinos de nuestras ciudades han sido testigos de un preocupante aumento en los niveles de inseguridad en nuestras calles. La realidad es innegable y hay que poder decirla: nuestras ciudades se están enfrentando una crisis de seguridad que no podemos ignorar. El incremento de robos, asaltos y otros delitos violentos ha sacudido nuestra confianza generando una atmósfera de inseguridad y miedo. Las cifras no mienten; las estadísticas recientes muestran un alarmante ascenso en la criminalidad, afectando a todos por igual. No por callarnos, la situación va a mejorar. Hablar con responsabilida es nuestro deber.
¿Cómo llegamos a esta situación? La respuesta es compleja y multifacética. La falta de oportunidades económicas, las dificultades del sistema educativo, el crecimiento de la desigualdad social y la falta de inversión en programas de prevención del delito son factores que contribuyen a esta problemática. Sin olivdar la omnipresencia del tráfico de estupefacientes que se ha convertido en una auténtica lacra. La policía local y los Mossos d’Esquadra están desbordados. La seguridad es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Es momento de exigir acciones concretas. La instalación de cámaras de vigilancia, el incremento de patrullajes en las zonas más afectadas, y la creación de programas de rehabilitación y apoyo social son solo algunas de las medidas que deben ser consideradas. No podemos permitir que la inseguridad se convierta en la norma, en lo habitual. Una politica de 360º ha de poder trabajar para mitigar los factores que están en la base del problema. La seguridad no es un lujo, es un derecho. No podemos dejar que sólo las voces extremistas ocupen el debate, porque son incapaces de aportar soluciones y sólo hacen que dañar aún más el tejido social. Las soluciones pasan por políticas eficaces, que se lleven a cabo sin olvidar que hablamos de personas.