La precariedad de los ‘riders’

Las nuevas tecnologías y las formas de consumo impuestas por la digitalización y la comodidad que esta ofrece, basadas en comprar un artículo para recibirlo en el propio domicilio, han abierto originales vías de negocio, pero bajo ese paraguas aparentemente novedoso también se están consolidando viejas formas de precariedad y abuso.

Quizá una de las más evidentes sea la que padecen los ‘riders’, la mayoría inmigrantes y jóvenes que acceden así por primera vez al mercado laboral convirtiéndose en falsos autónomos, lo que implica no tener derecho a paro, ni vacaciones, ni indemnización en caso de despido, que no haya una política de empresa en prevención de accidentes de trabajo ni permisos retribuidos en caso de paternidad o maternidad.

Detrás de esa supuesta libertad y flexibilidad a la que aluden los propios ‘riders’, lo que realmente existe, como ya apuntan numerosas actuaciones de Inspección de Trabajo y algunas sentencias judiciales, es dependencia y subordinación de los repartidores a la organización del trabajo, las directrices, el control y el sistema disciplinario decidido por la empresa.

Forzados por unas condiciones extremas de productividad para poder alcanzar un salario que les dé para cubrir los gastos –utilizan su propio teléfono y bicicleta, deben pagar autónomos...–, con jornadas extenuantes de más de diez horas en las que llegan a recorrer hasta 200 kilómetros en un día, las condiciones laborales de estos ‘riders’ poco tienen que ver con las supuestas bondades de la economía colaborativa.

La transformación digital está muy bien, pero tiene que orientarse hacia empleos con derechos, con garantías y regulación. En este sentido, el Gobierno ha elaborado una ley que intenta poner orden en este sector, pero no lo podrá hacer sin reforzar la inspección y aumentar la vigilancia para impedir que en pleno siglo XXI se den situaciones de explotación laboral.