Legislar sin escuchar

La aplicación de la ley conocida como del «solo sí es sí» continúa ofreciendo rebajas de penas a condenados por delitos sexuales, como es el caso del violador de dos menores de 12 y 14 años en Mont-roig del Camp, un ejemplo de aquellos «efectos indeseados» a que se refirió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando pidió perdón a las víctimas y reformó la norma. Aquello le costó el enésimo encontronazo con sus socios de Unidas Podemos, que, pese a las evidencias –la reducción de penas a más de 900 condenados por delitos sexuales– continuaban defendiendo la letra de la ley. Ayer fue la relatora de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Reem Alsalem, quien se pronunció sobre la materia y admitió que la ley ha tenido «desafortunadas consecuencias» que podrían haberse evitado «dando más tiempo a las consultas del proyecto de ley en lugar de apresurarse a aprobarlo».

En este sentido, Alsalem añadió que la oficialmente denominada Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual podría haber evitado esas consecuencias «si se hubiera concedido más atención a las voces interesadas», refiriéndose a organizaciones de la sociedad civil, políticos y jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expresaron diversas objeciones al proyecto de ley antes de su aprobación el pasado año. La relatora matizó que la ley incluía importantes avances, como el reconocimiento de los derechos de las víctimas o las garantías de reparación, aunque lamentó que «las consecuencias negativas hayan eclipsado muchos aspectos positivos». Sí, la sensación que queda tras este episodio es que a menudo los políticos legislan sin tener en cuenta la opinión de los expertos, de los implicados, de los que realmente saben. Sucedió con esta ley, pero también con las de educación o salud, muchas veces redactadas a espaldas de los profesionales de ambos ramos. Y así nos va.