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    Listas de espera intolerables

    04 mayo 2022 11:04 | Actualizado a 04 mayo 2022 11:04
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    Según el informe del Sistema Nacional de Salud hecho público ayer, un total de 706.740 pacientes de este país están en lista de espera para una operación en la sanidad pública, con un tiempo medio de espera de 123 días. Es la cifra más alta de la serie histórica iniciada en 2003. Por comunidades autónomas, Catalunya es la que acumula más pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica, con 154.799, por delante de Andalucía (122.959) y la Comunidad de Madrid (71.956). En cuanto al tiempo de espera, también nuestra comunidad sale mal parada, no en vano la media de demora es de 156 días, un plazo solo superado por Aragón (183 días), en tanto que el tiempo de espera más corto se da en el País Vasco (71 días). Pero estos datos solo se refieren a las intervenciones quirúrgicas, en tanto que las listas de espera son sumatorias, es decir, a estos días de espera habría que añadir la lista en Atención Primaria, así como la de pruebas diagnósticas, más la demora para la primera consulta del especialista. Un mar de esperas que superan frecuentemente el año y en algunos casos, los dos años. Una situación intolerable que requiere un plan urgente de abordaje con una utilización intensiva de recursos e inversiones específicas. Aseguran los expertos que el diagnóstico está hecho y consensuado, y que no se trata de una crisis de ideas sobre lo que hay que hacer, sino de recursos. En este sentido, exigen reforzar la Atención Primaria, mantener los recursos contratados para hacer frente a la pandemia e incluso incrementarlos para paliar un déficit endémico de médicos y enfermeras y mejorar ostensiblemente la organización del sistema. Así, pues, la pelota está –en realidad, siempre ha estado allí– en el tejado de los políticos y los poderes públicos, que han de garantizar a la población el derecho a la protección de la salud. Y es deber de toda la sociedad exigírselo.

    La pelota está en el tejado de los poderes públicos, que han de garantizar el derecho a la protección de la salud
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