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    Los alquileres, por las nubes

    18 mayo 2022 20:13 | Actualizado a 19 mayo 2022 07:00
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    El acceso a la vivienda en Tarragona es cada vez más complicado. Sobre todo, para quienes optan por el alquiler. Basta echar una mirada a la evolución de los precios en los últimos meses para darse cuenta de que hallar un piso asequible se ha convertido en una odisea. Como revela un agente inmobiliario en el reportaje que publica este Diari en sus páginas 2 y 3, el mismo piso que hace dos años costaba 275 al mes ahora vale 450, un incremento que resulta inaccesible para las economías más modestas. En gran medida porque, a la par que el alquiler de la vivienda, se han disparado los precios de todos los demás productos y bienes de consumo, comenzando por la cesta de la compra.

    Sí, todo ha subido por la galopante inflación, excepto los sueldos de los ciudadanos. En el caso del alquiler de los pisos, son varios los factores que repercuten en el precio final y que explican este espectacular aumento. Por una parte, porque la superación de la pandemia ha vuelto a mover el mercado turístico, por lo que las viviendas turísticas que en los años de la Covid buscaron refugio en el ámbito residencial han regresado ahora al plano turístico, que ofrece rentabilidades más grandes.

    El regreso de muchos pisos al sector turístico tras la pandemia, el miedo y la escasez de oferta complican el alquiler

    A ello hay que sumar el recelo y el temor que despierta en muchos propietarios aventurarse a alquilar una propiedad a inquilinos incumplidores, lo que suele suponer una batalla judicial que en el mejor de los casos se soluciona pasados un par de años. Y además en Tarragona la cosa se agrava por la escasez de vivienda destinada al alquiler. Algunas de estas situaciones son locales, pero la problemática es general y se extiende más allá de las fronteras de la ciudad de Tarragona –sin ir más lejos, Reus padece el mismo problema–. Así las cosas, se requieren soluciones globales que apelan a las instituciones, como dar una mayor seguridad jurídica a los propietarios y ampliar el parque público de viviendas, tanto para la compra como para el alquiler.

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