Racismo inmobiliario

El vía crucis a que han de someterse los inmigrantes para acceder al alquiler e incluso a la compra de un piso en el que poder vivir es un fenómeno que merece una profunda reflexión. Basta darse una vuelta por los portales inmobiliarios que aparecen en internet para percatarse de ello. Cabe suponer que los prejuicios xenófobos no operarían igual si el solicitante de piso fuera un magrebí con elevados recursos, lo que, además de racismo, habla de aporofobia, odio al pobre. Se trata, además, de una circunstancia que no niegan las inmobiliarias, que se escudan en que ellas se atienen a las condiciones que marca el propietario de la vivienda, aun sabiendo que de esa forma vulneran la ley y el derecho a la igualdad. Esa diferencia de trato según la procedencia o la raza del cliente es una vejación que hace aflorar una discriminación social que no se ve pero que existe y que interpela a las instituciones y al conjunto de la ciudadanía. De hecho, en ocasiones muy contadas la justicia ha actuado para poner coto a este comportamiento, como sucedió en Barcelona, donde se impusieron dos sanciones: una a un propietario por ofrecer un alquiler «solo a españoles» y la otra por un caso de discriminación directa a un posible inquilino. Son muchas las encuestas que reflejan que la tolerancia hacia el extranjero se ha ido afianzando en este país por la asunción progresiva de la diversidad multicultural como una oportunidad de enriquecimiento colectivo y no como una amenaza; y también porque resulta evidente que esta sociedad, en algunos ámbitos tan fundamentales como el de los cuidados, no se sostiene –ni se sostendrá, a tenor de las cifras de natalidad– sin los trabajadores y las trabajadoras emigrantes. Arrendar una casa a una persona migrante constituye algo más que una libre transacción económica. Contribuye a favorecer la integración de aquellos que han venido hasta aquí para ganarse la vida honradamente con su trabajo.