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El pla de ahorro energético aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros para reducir el consumo de gas y que contempla apagar la luz de edificios públicos por la noche y limitar la climatización de los establecimientos (19 grados en invierno y 27 en verano) se ha convertido en el nuevo elemento de la discordia entre el Estado y las comunidades, especialmente entre el PSOE y el Partido Popular. Tanto es así que cinco comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León) exigieron ayer su retirada, algo a lo que se negó el Gobierno.
El rifirrafe político tiene algo de base. El plan arrancó de forma improvisada y sin el necesario consenso. Moncloa no había negociado con los sectores afectados por las medidas ni tampoco con las comunidades que serán las encargadas de su supervisión y control. Todo eso es cierto. Por eso ya se han dado las primeras rectificaciones del Gobierno a su plan, entre ellas, rebajar a 25 grados el límite del aire acondicionado en la restauración y ayer el Gobierno adelantó la Conferencia Sectorial de Energía con las comunidades autónomas que en principio estaba convocada para hoy, a pocas horas de la entrada en vigor de las medidas. Pero más allá de las críticas, estamos ante unas restricciones y de unas medidas, como el fomento del transporte público también en marcha, necesarias no solo para cumplir el compromiso con la Unión Europea de rebajar el consumo de gas ante la guerra de Ucrania sino también para reaccionar ante la pendiente inflacionista de la que no parece vislumbrarse un final cercano, y sí muchas potenciales complicaciones.
El plan de ahorro energético arrancó sin el necesario consenso pero un pacto de Estado por la energía es indispensable
La actitud de compromiso que tanto administraciones como empresas y ciudadanos tuvieron durante la pandemia quizá deba aparecer de nuevo. Un pacto de Estado por la energía resulta indispensable.
