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Un alambre cada vez más fino

| Actualizado a 03 mayo 2022 07:33
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El escándalo por el espionaje a los políticos independentistas catalanes vivió ayer una vuelta de tuerca con el anuncio por parte del Gobierno de que también se habrían visto afectados por el sistema Pegasus los teléfonos móviles del presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. En todo caso, este nuevo capítulo no tranquiliza a las víctimas de un asunto que incluso amenaza con poner en peligro el futuro de la legislatura. Y es que esta crisis ha enfrentado al Ejecutivo a la contradicción de que los aparatos del Estado bajo su control han pinchado los teléfonos de dirigentes de partidos que le apoyan ante la sospecha de que podían poner en peligro la seguridad nacional. La profunda brecha abierta en la confianza con ERC, sobre todo, y con EH Bildu no será fácil de cicatrizar incluso en el probable supuesto de que estén sobreactuando en su reacción. Es verdad que este gobierno ha aprendido a sobrevivir en la cuerda floja en medio de enfrentamientos internos en asuntos de enjundia y reiterados conflictos con los aliados que le procuran una precaria mayoría. No es menos cierto que los serios recelos que este caso han suscitado en los aliados de Pedro Sánchez no han impedido la convalidación del decreto-ley anticrisis gracias a la izquierda abertzale, aunque ERC votó en contra, quizá sabiendo que el texto, trascendental para los ciudadanos, se aprobaría incluso sin ellos. Juega a favor de Sánchez el hecho de que a ningún integrante del bloque de la investidura le conviene la caída de este gobierno porque difícilmente encontrará una aritmética parlamentaria más favorable, a lo que se une el temor a una eventual mayoría PP-Vox. Sin embargo, ni siquiera eso garantiza que el apoyo al Ejecutivo se vaya a mantener en los próximos meses. El Gobierno está obligado a ofrecer explicaciones sobre el espionaje si no quiere verse de nuevo en complicadas tesituras que le harán caminar sobre un alambre cada vez más fino.

La crisis por el caso del espionaje a políticos amenaza el futuro de la legislatura, aunque no convenga a los afectados
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