El programa económico del PSOE

Ante la secuencia de elecciones de los próximos meses, que culminará con las generales al fin de 2015, es exigible que los partidos políticos se tomen la molestia de efectuar propuestas sobre las que los electores puedan tomar las decisiones procedentes. De momento, no está siendo así, e incluso hay alguna organización que escamotea sus postulados definitorios, con el claro objetivo de atraer a los ciudadanos sólo por lo que representa y no por su programa, en una estrategia que se compadece mal con la democracia adulta. En este marco, el PSOE ha enunciado un primer bosquejo de programa económico, en forma de declaraciones de Manuel de la Rocha Vázquez, secretario de Economía en el equipo del Pedro Sánchez.

El programa se basa en una ambiciosa reforma fiscal encaminada a dotar de estabilidad a los ingresos, actualmente muy volátiles, que deben elevarse para salvar la brecha de nueve puntos que nos separa de la media de la eurozona. Tres son los criterios que van a aplicarse: gravar la riqueza, combatir el fraude y elevar la tributación de las grandes empresas.

El primero de estos designios se basa en la teoría de la imposición óptima del Nobel Mirrlees, quien defiende que el IRPF debe gravar la capacidad económica global del individuo (las rentas salariales, las del ahorro y las de su patrimonio) y no sólo las rentas salariales y encima con poca progresividad. Para ello, se integrará el impuesto sobre el patrimonio con el IRPF, como en Suecia y Holanda. Así se evitará el vaciamiento del impuesto sobre el patrimonio, del que se eliminarán muchas excepciones (la de la empresa familiar, p.ej.), se eliminará el llamado ‘escudo fiscal’ (el límite del 60% de tributación conjunta de renta y patrimonio) y se pondrá coto a la ingeniería fiscal en sicavs y fondos de inversión. La imposición de la riqueza se complementará con una reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, para poner un mínimo común en todas las autonomías y evitar su vaciamiento (se quiere impedir una carrera fiscal a la baja entre autonomías). Para no perjudicar a las clases medias, habrá unos mínimos exentos en el impuesto sobre el patrimonio -700.000 ? más 300.000 ? de la vivienda habitual-, y a partir de ahí tipos progresivos. Se calcula que la recaudación por el impuesto sobre el patrimonio puede pasar de 1.000 a 7.000 millones de euros.

El impuesto de sociedades será profundamente reformado para acercar el tipo efectivo al nominal; para ello, habrá que limpiar las 62 bonificaciones y exenciones actuales; mientras tanto, se establecerá un suelo del 15% de tarifa mínima sobre el resultado contable. No habrá grandes cambios en el IVA, salvo el IVA cultural que bajará del 21% al 5%, y se recuperará el 4% para algunos productos de primera necesidad. Sí se reformará la fiscalidad medioambiental con un impuesto sobre el CO2 que sustituirá a otros impuestos.

En materia laboral, se enmendará la última reforma para recuperar la negociación colectiva pero no necesariamente se revertirá la indemnización por despido actual: se propondrá un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Las claves de la política serán subir en dos legislatura el salario mínimo a 930 ? (60% del salario medio); desincentivar el trabajo temporal; establecer por ley la igualdad salarial; aumentar las políticas activas de empleo hasta el 1,5% del PIB (unos 15.000 millones de euros). En definitiva, se apuesta por no competir con bajos salarios sino mediante la mejora de la productividad, reindustrializando el país y ayudando a crecer las PYMES.

La propuesta es clara, y está lista para el debate.