Evitar otro caso Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una pena de cárcel de 42 años para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, por el caso Gürtel. La pena más alta solicitada por el Ministerio Público es para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que se enfrentará a 109 años de cárcel. Mientras el poder judicial avanza, el grueso de la normativa contra la corrupción está tramitándose a trancas y barrancas en el Parlamento. El Congreso aprobó este pasado miércoles el estatuto de altos cargos y la ley de financiación de partidos y a continuación ha tenido lugar en la Cámara Baja el debate de la reforma del Código Penal, que se había aplazado reiteradamente a la espera de un consenso que no ha acabado de llegar. Para el mes que viene, se ha dejado el debate de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que podría incluir también algunos elementos de la batería de medidas contra la corrupción, como por ejemplo, la obligación de que, tras abrirse juicio oral contra un alto cargo, se notifique a las instituciones. Todas estas leyes nuevas y reformas, unidas a otras medidas como la ley de Transparencia en vigor, constituyen un voluntarioso plan de regeneración democrática y suponen un salto cualitativo en el saneamiento del sistema político, y así ha de reconocerse. Pero el cúmulo de escándalos ha sido de tal magnitud que la exigencia de la opinión pública es muy alta. Por ello, lo realizado no parece que colme del todo las aspiraciones colectivas.