Huelga en Correos

El discurso inicial en 2018 del actual presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, indicaba que se iba a potenciar el servicio postal público en nuestro país emulando a nuestros vecinos de La Poste francesa. Parecía que Serrano y el gobierno que lo había designado se creía el papel de cohesión social, territorial y económica de Correos en prestación del servicio postal universal, tal y como marca la Ley Postal 43/2010 aprobada por un gobierno socialista. Todo era un espejismo.

Ese papel va más allá de la entrega de cartas ordinarias e incluye la entrega de notificaciones, telegramas o burofax con fehaciencia en la entrega (Correos es el único que lo puede hacer), giros postales y paquetería. Vivas donde vivas, lo cual no solo garantiza la comunicación legal con la administración u otros actores privados, sino que también garantiza que en la famosa España Vaciada puedas tener un negocio con venta online con un servicio mínimo de paquetería. Todo ello aparte de otras funciones que se puedan realizar y que sirvan para garantizar ese derecho a vivir donde quieras y tener unos servicios públicos mínimos.

La realidad actualmente es que se está desmantelando Correos bajo la excusa de transformarlo en un «operador logístico integral» como si no existieran ya en nuestro país y Correos fuera una empresa más sin un papel de servicio público diferenciador; que no se cubren las vacantes en las ciudades ni en los servicios rurales lo que provoca que no sea posible prestar el servicio postal universal cinco días a la semana con entrega y recogida como marca la Ley; que se publicitan servicios imposibles de prestar, ya sabemos que el papel lo aguanta todo, en especial en el ámbito de la España Vaciada donde ser pretende que la plantilla haga de banquero, lotero, agente de viajes y más. La realidad es que se cierran centros de Correos y se traslada a la plantilla a centros de la filial Correos Exprés donde la única prioridad es la paquetería, trasladando la carga de trabajo a repartidores autónomos con condiciones laborales terribles y dejando sin contenido a la plantilla de la matriz; que la contraprestación económica que recibe Correos por prestar un servicio público deficitario se ha reducido a unos escasos 100 millones de euros cuando se calculan necesarios más del doble. La realidad es que a UGT y CCOO no nos queda ya ninguna duda de que todo ello se está haciendo con el beneplácito del Gobierno del Estado, mientras paradójicamente en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, como el de Cataluña, se aprueban mociones a favor del servicio postal público con el voto a favor de los mismos partidos del Gobierno.

Estamos ante la aplicación del manual básico de privatización de un servicio: recorto la financiación, deterioro y desprestigio el servicio público prestado, como no puedo privatizarlo con facilidad lo vacío de contenido en favor de la empresa filial, que sí es privatizable, y con esa excusa reduzco la plantilla necesaria en Correos. Mientras la ciudadanía se ve obligada a digitalizarse sí o sí, obviando la brecha digital, en su relación con las administraciones y a pagar lo que pidan operadores privados por unos servicios mínimos que el Estado debería garantizar.

Ante esta situación la plantilla de Correos inició ayer hasta mañana una primera huelga general con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados, para salvar el servicio público postal y luchar por sus puestos de trabajo. No escucharla supondrá un nuevo deterioro de los servicios públicos, la venta de patrimonio público y la privatización del servicio público postal tricentenario de Correos.