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En el juicio de 2019 el Tribunal Supremo descartó que en los hechos de 2017 los líderes del Procés cometieran el delito de rebelión, pero condenó a nueve de ellos a penas importantes de 9 a 13 años de cárcel por sedición. En 2021 el Gobierno aprobó indultarlos.
En el actual mes de enero la rebaja de penas será sustancial porque el Gobierno ha aprobado la eliminación del delito de sedición, que sustituyó por el de desórdenes públicos agravados; pero Llarena les acusará de malversación agravada y desobediencia.
La extradición de Carles Puigdemont a España, que rechazaron jueces de Bélgica, Alemania e Italia, dependerá al final de lo que decidan los tribunales europeos, y no tanto de las reformulaciones que aquí se hacen en las rebajas de enero.
