Ahora me toca a mí

Ahora me toca a mí, así podríamos resumir la crisis del poder judicial que ayer se agravó un escalón más al dimitir Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Su dimisión, tal como explicó el mismo en un duro discurso gravado en video este domingo, se basa en dos cuestiones principales, la imposibilidad de que se proceda a la renovación de los cargos caducados de los veinte vocales del Consejo, y el bloqueo que se está produciendo en los órganos judiciales como consecuencia de la ley Orgánica 4/2021 que prohíbe al Consejo en funciones efectuar nombramientos, lo que ha provocado el colapso de algunos órganos jurisdiccionales.

Y decíamos que podemos resumir la crisis institucional del poder judicial con el «ahora me toca a mí» dada la actitud del gobierno del presidente Sánchez; quien, según parece, y hasta hoy mismo, bajo ningún concepto piensa renunciar al control del Consejo. Tal y como de hecho han estado haciendo los dos partidos mayoritarios desde que Felipe González reformó la elección de los vocales y abrió paso al control político, que se han estado turnado en su control a tenor de la mayoría parlamentaria obtenida en las elecciones. Y un claro ejemplo de ello, lo tenemos en la presión que varios organismos internacionales han efectuado al gobierno de Sánchez y su sorprendente respuesta. Desde hace años el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO, lleva denunciando en sus informes la situación de nuestro Consejo del Poder Judicial, y pidiendo a España que reforme la forma de elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Caso omiso han hecho los diferentes gobiernos a dicho informe.

Una tímida reforma del ministro Gallardón empeoró aún más la situación, pero es ahora cuando la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y ha exigido al gobierno de España una pronta solución, instando al mismo a que reforme la elección de los señalados 12 vocales de procedencia judicial. Para ello, la Comisión envió al Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders a España para entrevistarse con el gobierno. El planteamiento de la Comisión es muy simple, a tenor del informe sobre el Estado de Derecho de este mismo 2022, elaborado por la UE, España no puede asumir la presidencia de la UE el próximo año sin solventar un grave problema que afecta a la esencia de la democracia. Sin embargo, la respuesta de Moncloa resultó sorprendente, a la par que incompresible e injustificada, no hay nada que reformar, el sistema funciona correctamente. ¿Correctamente?, solo tiene una explicación decir a estas alturas que el sistema funciona correctamente, el gobierno actual considera que ahora él debe ser quien controle el Consejo y el Tribunal Constitucional, les es totalmente indiferente poner en peligro nuestra democracia. Lo único que parece priorizar Sánchez es el control de las instituciones, como ha hecho ya con la Fiscalía General del Estado y otras muchas.

El segundo de los aspectos que ha explicado Lesmes para justificar su dimisión es que, por medio de una reforma exprés de la Ley Orgánica que regula el Consejo, la ley 4/2021, se anularon todas las competencias para los nombramientos de los diferentes órganos judiciales, como medida de presión. Esto ha provocado que el 20% de las plazas de magistrados del Supremo se encuentren vacantes, y que 49 de las 113 presidencias de órganos judiciales también se encuentren vacantes, lo que está llevando al colapso de dichos órganos. Nada de ello le importó al gobierno, creyó que de esta manera presionaría para que se pudieran nombrar los nuevos vocales. En ese momento no previó que deberían nombrarse también los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, y que el nombramiento de dos de ellos corresponde al Gobierno y de otros dos al Consejo del Poder Judicial, al cual le había eliminado la facultad de nombrarlos con la reforma de la Ley antes indicada. Además, si se cumplían las previsiones que el Consejo nombraría un magistrado del sector conservador y a otro progresista, sumados con los dos progresistas del gobierno, Sánchez también podría controlar el Tribunal Constitucional. Sin embargo, para desgracia de Sánchez, la toma de posesión de los cuatro magistrados debe ser simultánea, no cabe que tomen posesión los nombrados por el gobierno sin los del Consejo.

Ello no iba a ser un obstáculo, especialmente para quien utiliza las instituciones y el parlamento en interés propio y no del interés general, así que el gobierno propuso una nueva reforma exprés de la reforma exprés, la Ley Orgánica 8/2022 por la que se le devolvían al Consejo las facultades de nombramiento de los magistrados del TC, manteniendo el bloqueo de las restantes. Tal torticera maniobra encendió a los vocales tanto progresistas como conservadores, que vieron en ello un intento más de Sánchez para controlar el Tribunal Constitucional. El enfado de los vocales provocó como reacción el bloqueo en el Consejo del nombramiento de los Magistrados del Constitucional, no solo por los vocales sino también por los propios candidatos, principalmente del sector conservador, quienes uno a uno, fueron renunciando, al no querer participar en el cambalache.

El último episodio lo vivimos ayer con la llamada a consultas en la Moncloa de Feijoo con el fin de alcanzar un acuerdo, dicen las crónicas periodísticas que ha habido acercamiento entre los dos, aunque en el momento de escribir estas líneas no hay todavía un acuerdo. Seamos conscientes que el único acuerdo posible, a tenor de las exigencias de Europa, es lo que lleva proponiendo Ciudadanos desde hace años y que ahora el Partido Popular también exige, la elección de los doce vocales de procedencia judicial debe ser de los propios jueces, sin interferencias políticas. Cualquier nuevo cambalache en repartirse los cargos, además de demorar este disparate, solo hará que Europa nos vuelva a dar un fuerte tirón de orejas.