Perú: el Congreso rechaza convocar elecciones y sigue la represión

La historia peruana repite cíclicamente un enfrentamiento entre dos bloques sociales muy definidos. Desde su nacimiento en 1821 como república independiente, las estructuras sociales heredadas del Virreynato español tuvieron pocos cambios. Indígenas, negros y campesinos siguieron teniendo un sesgo marginal, asentándose en regiones como Apurimac, Cuzco, o Puno, mientras en algunos centros urbanos, como Lima, donde se concentra el poder político y económico, residen familias de clase alta, funcionarios, cargos públicos y empleados comerciales e industriales. Esta división también se corresponde con los niveles socioeconómicos de sus algo más de 33 millones de habitantes. Solo un 12% tiene unos ingresos altos o muy altos. El resto, un nivel medio o bajo, y un 34% no alcanza a cubrir sus gastos básicos. Este sector empobrecido está compuesto básicamente por los pueblos indígenas, campesinos o las comunidades afrolatinas (descendientes de los negros que llegaron como tropa de los conquistadores españoles). Esta profunda y sostenida desigualdad ha sido la causa de las sucesivas crisis.

Por primera vez en 200 años de historia, el pueblo peruano votó en el 2021 por un presidente de extracción pobre, de padres analfabetos, maestro, sindicalista y de raíces indígenas. El programa de gobierno del presidente Pedro Castillo era realizar reformas sociales sin romper con el marco del capitalismo. Pero al parecer la derecha y sectores empresariales conspiraban para trabar el proyecto. El 7 de diciembre, Castillo decidió disolver el Congreso, al que consideraba epicentro de una trama golpista. Fue entonces cuando los legisladores, con una mayoría derechista, ordenaron su detención por ‘rebelión’ y nombraron presidenta a la diputada Dina Boluarte. Esta mujer había sido elegida por Perú Libre, el mismo partido del presidente, del que ahora se declara distanciada. Analistas políticos indican que todo fue un complot organizado para quitar a Castillo y recuperar el control del país. Implicados estarían sectores empresariales, las multinacionales mineras y Keiko Fujimori (hija del exdictador y procesada por actos ilícitos), que había sido derrotada por Castillo en las elecciones del 2021. Y para ello, contaron con la anuencia de la vicepresidenta. Mientras la mayoría de los gobiernos latinoamericanos miraba con recelo lo sucedido en Perú, el departamento de Estado norteamericano reconoció de inmediato al nuevo gobierno. Su portavoz dijo que «celebraba» la designación de Dina Boluarte.

Organizaciones sociales advierten que detrás de la presidenta también están antiguas concesiones amparadas en la corrupción y el contrabando, así como una potente mafia dedicada a las compañías del transporte. La líder de la etnia aymara Lourdes Huanca, que recorre países europeos denunciando la situación en su país, recuerda que en este 2023 deben revisarse algunas concesiones mineras y energéticas, y añade, «el presidente Castillo dijo que todas las empresas que deben impuestos a nuestro país tienen que pagar». Y recuerda que la filial de la española Telefónica debe 800 millones de euros en impuestos desde hace 20 años. La revisión de las concesiones no solo implica a las exportaciones de oro o del cobre, sino también a reconfigurar geoestratégicamente el potencial de litio que posee Sudamèrica. Y es por eso que el golpe que se intentó en Bolivia y ahora en Perú no pueden ser analizados solo como fenómenos locales.

A nivel popular, el golpe de mano generó protestas cada vez más numerosas. Se iniciaron en Puno y se extendieron a otras regiones. El Gobierno declaró el estado de emergencia e inició una represión que incluyó el uso de armas de fuego contra las piedras de los manifestantes. Comenzaron a producirse muertos y heridos. Se realizó un paro nacional y pobladores cortaron decenas de carreteras. Cientos de policías siguieron reprimiendo y la cifra de muertos ya asciende a más de 60, entre ellos siete menores. Los centros sanitarios no proporcionan datos de los heridos, pero la Comisión de DD.HH peruano los estima en más de un millar.

Los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y otros países latinoamericanos rechazaron el uso de la violencia contra la población. El cuerpo diplomático en pleno y a través del Nuncio Apostólico le dijo a la presidenta que «ignorar la existencia y los derechos de los demás tarde o temprano provoca algunas formas de violencia inesperada como estamos siendo testigos en estos días. Los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones zonas rurales, urbano-populares y amazónicos, que por años han sido invisibilizados, marginados o postergados. Con la violencia no se construye, solo se destruye, pero hay que actuar sobre las causas que la provocan». Dina Boluarte respondió leyendo un texto que traía preparado e ignoró las varias observaciones del Nuncio y los embajadores presentes. Las últimas medidas de la presidenta fueron prolongar el estado de excepción y disponer la intervención militar en diversas regiones del país.

Los manifestantes reclaman la disolución del Congreso y la convocatoria inmediata de elecciones para elaborar una nueva constitución y elegir nuevas autoridades. Ante esa presión popular el parlamento admitió reconsiderar el tema. Pero el pedido de adelanto de elecciones fue rechazado por 65 votos contra 45. En lo inmediato no hay perspectivas para salir de esta nueva y profunda crisis. Incluso si se convocaran elecciones, no hay fuerzas políticas ni liderazgos visibles que puedan salvar esta fractura en la sociedad peruana. Por ahora, su oligarquía y los grandes intereses económicos siguen controlando el país. Y mientras, la brecha de la desigualdad aumenta.