La judicocracia

Si un político toma decisiones contrarias a la Ley, ¿ha de ser sancionado y, además, debe dimitir o ser cesado? Lo sensato es responder que sí. Sin embargo, sumidos como estamos en la politización de la justicia, actuar contra la Ley en una decisión política no tienen mayor trascendencia que la acentuación de esta inmersión de los jueces en la vida política: «Houston, tenemos un problema grave: la judicocracia».

La toma de decisiones urgentes de los administradores de la cosa pública, en especial en lo que respecta a la pandemia pero también en la decisión del ministro Grande-Marlaska (un juez en excedencia) sobre repatriaciones, conoce el análisis y decisión final de los jueces. Hasta el punto de que la Generalitat, antes de decidir las medidas a tomar sobre el coronavirus, consulta a la judicatura. Sin judicatura no hay decisiones políticas.

Vamos a ver: ¿no había separación de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo, base de la democracia? ¿Por qué los jueces, sin los elementos de análisis y consulta que tienen los gobiernos por pequeños que sean, han de tomar decisiones que tal vez no les atañe? ¿Para qué sirven los profesionales de las leyes en los departamentos jurídicos de las administraciones?

Se argumenta que el papel de los jueces es considerar si las decisiones administrativas vulneran o no la Ley. Pero esto nos abocaría a que en consecuencia, y puestos a ser exigentes, todas, absolutamente todas, las decisiones administrativas debieran ser previamente aprobadas o censuradas por los jueces. Como diría Ortega, «no es eso, no es eso».

La politización de la judicatura está llevando al país hacia una judicocracia que asusta, aparte de frenar los tiempos de aplicación de las normas de los administradores públicos. Y conste que no hay que malpensar que la judicatura busca un protagonismo en la vida pública de redentor social contra los posibles errores de las administraciones. No lo es, o en todo caso debiera serlo de forma muy excepcional, pero la tentación está ahí.

En estas circunstancias, insisto, ¿debe dimitir o ser cesado el político que ha sido censurado por los jueces? ¿Por qué no lo han hecho Grande-Marlaska, la ministra de Sanidad y altos cargos gubernamentales de los gobiernos autonómicos? No hay respuesta ni de los unos ni de los otros. 

De seguir así, los parlamentos autonómicos y las mismas Cortes generales podrían sentir también la tentación autoritaria de censurar o aprobar cada acto de los administradores, para adquirir mayor notoriedad o para justificar más y mejor su existencia. Una barbaridad si ello ocurriera. Alguien debiera reencauzar esta situación, a través de la negociación y el acuerdo. 

Hay que poner orden y establecer los límites en que los jueces puedan censurar decisiones que, sin ser delictivas, pudieran ser interpretadas como abusivas. Cambiar las normas, si es necesario. Establecer un marco de actuación que devuelva con claridad a cada cual hasta dónde puede llegar en sus tareas administrativas. Analizar caso por caso y temblar a la espera de las sentencias de los jueces ni es práctico ni resuelve nada, porque se abre la puerta a que cada acción de las administraciones sea enviada a los jueces. Esto, por mucho que se invoque el respeto al poder judicial, sería burocratizar aún más la vida pública y hacerle perder confianza.

Me preocupa que, mientras esto ocurre, nos olvidemos del gran reto que tienen los agentes judiciales españoles: limpiar la vida pública de corrupciones, abusos y prebendas, y hacerlo con cierta premura, pues eso corroe nuestra vida pública mucho más que cualquier pandemia.