México: consulta democrática o populista

El presidente mexicano, López Obrador, ha convocado el primer referéndum nacional destinado a combatir la corrupción política. Sin embargo, la pregunta presentada a los votantes es vaga y no da lugar a un mandato claro.

Los referéndums pueden empoderar a la ciudadanía, pero también corren el riesgo de crear divisiones sociales. El próximo 1 de agosto, 93 millones de votantes están llamados a las urnas. Si el 6 de junio los mexicanos eligieron a sus representantes locales, regionales y federales, esta vez tienen que responder a una pregunta: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?»

En mi opinión, se trata de un tema importante, sobre el que nadie puede estar realmente en desacuerdo. Pero, ¿qué es lo que se debe decidir? Si se trata de investigar la comisión de delitos, la votación popular es innecesaria, porque esto ya es posible con la normativa actual. Y si no fuese así, el Gobierno debería proponer la modificación de la ley actual, sin necesidad de apelar a la voluntad popular.

La formulación ambigua de la pregunta, dificulta el establecimiento de un mandato claro, en caso de que se apruebe el referéndum y participe al menos el 40 por ciento del electorado, pues México, a diferencia de Suiza, establece un quórum de participación para que la votación sea válida. Para añadir más confusión, el presidente ha impulsado la votación popular, pero ha anunciado varias veces que votará en contra, para «evitar la venganza”». Entonces, si el que impulsa la consulta votará en contra, no hay una decisión a tomar y no queda claro el mandato derivado del triunfo, ¿porque convocarla? Resulta difícil no pensar que la consulta solo apunta a movilizar o mantener el apoyo popular al líder.

Hay que tener en cuenta que la insatisfacción con las democracias existentes crece en todo el mundo. Según datos recientes del Pew Research Center, México encabezó la lista en 2018, con un 85 por ciento de las personas encuestadas que expresaron su descontento con el funcionamiento de la democracia de su país y las votaciones populares son un instrumento muy defendido por los líderes populistas y autocráticos.  

México ha sido el último país hispanoamericano en regular, formalmente, mecanismos de democracia directa, a pesar de que ya habían sido introducidos en la normativa de todos los estados mexicanos. Sin embargo, en el ámbito nacional, no existe ninguna práctica, hasta el momento, más allá de algunas consultas informales. El ejemplo más conocido fue la consulta sobre la interrupción de la construcción de un nuevo aeropuerto.  

Además, la mayoría de los sistemas hispanoamericanos se definen como presidencialismos fuertes. En ellos, los mecanismos de democracia directa, en manos de los ejecutivos, conllevan un alto riesgo de generar desequilibrios entre las distintas posiciones y originar a menudo desavenencias, más vinculadas al apoyo o al rechazo al gobierno, que al tema que se discute en una consulta.

Pero ahora, además, el Instituto Nacional Electoral, afirma que no tiene fondos para organizar adecuadamente el referéndum del 1 de agosto en México. Sin duda alguna, no es un buen comienzo. Queda un largo camino por recorrer, para que el país establezca, en la práctica, un proceso de iniciativa y referéndum moderno a nivel federal.