Pactos sin programa

Ha comenzado la secuencia de contactos entre los partidos políticos para intentar los pactos necesarios que requieren las distintas instituciones para ponerse en funcionamiento tras el 24-M (en realidad, todavía no ha cesado el forcejeo ulterior a las autonómicas andaluzas, que a este paso podrían tener que repetirse). Ha habido reuniones exploratorias diversas y en los últimos días se han entrevistado Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera (Rajoy todavía no se ha visto con Iglesias) en busca de acuerdos, que no serán fáciles porque están al caer las elecciones generales, en las que los ciudadanos votarán de un modo u otro según los acuerdos que se hayan adoptado hasta entonces.

Los líderes mencionados manifiestan en sus declaraciones que buscan la estabilidad de las instituciones. Éste sería su gran objetivo y no el poder, inquietante designio que tiene mala fama en este país y en estos tiempos. Al contrario: la mayor parte de los actores que negocian asegura que no formarán parte de un gobierno que no encabecen, lo cual, si bien se mira, carece de sentido porque la mejor manera de gestionar los votos que se han recibido no es regalándoselos a otra formación política sin recibir a cambio una cuota de poder concreto. En realidad, lo que todos buscan, dentro de los límites que les proporciona la compatibilidad ideológica, es maximizar sus resultados mediante transacciones: se intercambian apoyos, sin que ello tenga necesariamente una traducción programática. El método recuerda extraordinariamente el sistema de cupos en la elección de cargos institucionales por mayoría cualificada: los partidos se alían no para buscar candidatos transversales sino para repartirse los cargos entre adeptos incondicionales, de acuerdo con la matemática electoral.

En democracia, el sistema de consecución de acuerdos y pactos debería ser sin embargo bien distinto: la alianza de dos o más partidos para gobernar habría de basarse, primero, en ciertas concomitancias ideológicas de base –convicciones genéricas comunes sobre el funcionamiento de la democracia– y, segundo, en la confección de un programa transaccionado que recoja los elementos coincidentes del proyecto, que lógicamente orillará las divergencias. Este proceso de pacto requiere un arduo debate, que lógicamente debería mantenerse a la vista de todos ya que los partidos que lo levan a cabo son deudores de las promesas que han formulado a sus electores.

Un caso llamativo de coalición fue la que suscribieron la CDU/CSU alemana con el SPD en diciembre de 2013 tras las elecciones en que Merkel quedó cerca de la mayoría absoluta. Las negociaciones duraron dos meses y concluyeron tras una sesión maratoniana en que se aprobó un farragoso texto de 185 páginas en el que, ente otras cosas, se aprobaba la implantación de un salario mínimo interprofesional, la doble nacionalidad a los inmigrantes que quisieran mantener la nacionalidad de sus padres y la jubilación a los 63 años a quienes hayan cotizado 45.

En nuestro país, no se conoce la más mínima pugna ideológica ni en Andalucía –donde solo se ha hablado de acabar con la corrupción, como si este designio no fuera una obviedad– ni en las autonómicas y locales. Y todo indica que los apoyos se otorgarán sin rigor, basados en argumentos fútiles. Se quiere aparentar que el poder es lo de menos y en el fondo lo único que importa a quienes se disponen a rentabilizar sus resultados del 24 de mayo es el poder para ejercerlo directa o indirectamente. Sin que los ciudadanos vayan a tener un programa claro de hacia dónde piensan a avanzar las futuras coaliciones PSOE-Podemos, PSOE-Ciudadanos, PP-Ciudadanos y las que puedan aparecer.