Primer pacto de Estado

La democracia se basa en la pluralidad pero también en la búsqueda de lugares comunes

19 mayo 2017 23:34 | Actualizado a 22 mayo 2017 11:36
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Tras un forcejeo comprensible, PP y PSOE han terminado suscribiendo con la solemnidad debida un pacto de Estado para combartir el terrorimo islámico. La correspondiente proposición de ley que reforma el Código Penal, que es distinta del proyecto de ley del Código Penal que se está tramitando por otro camino a iniciativa del partido del gobierno y en medio de una gran polvareda, fue rubricada por Rajoy y Sánchez el pasado lunes, se presentó al parlamento el martes y será objeto de toma en consideración y debate a la totalidad el día 10, para ser definitivamente aprobada el día 19, antes el todo caso del debate sobre el estado de la nación que se celebrará el 24 y el 25 del mes en curso.

La reforma consensuada por los dos grandes partidos, en línea con las demás de la misma índole de 1987, 1988 y 2000, las dos primeras con el PSOE en el gobierno y las otras dos en la oposición, contiene una serie de elementos indispensables para luchar en vía judicial contra la nueva lacra. Los tres pilares en los que la innovación es relevante son éstos: el delito de terrorismo será independiente de la existencia de un grupo armado organizado para poder reprimir a los ‘lobos solitarios’; se penalizará como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella; se aplicará siempre la pena máxima del Código Penal para los delitos de terrorismo con resultado de muerte.

En este último aspecto se cifraba el grueso de la polémica, ya que el Gobierno va a introducir en la otra reforma del Código Penal -la más general que se viene tramitando- la pena de prisión permanente revisable, que permitirá el encarcelamiento sine die de los grandes delincuentes no reinsertados y que no es aceptada por el PSOE (ni por la mayor parte de las sensibiidades jurídicas progresistas de este país), que la considera claramente inconstitucional.

El PSOE, en coherencia con este criterio, ha hecho constar esta salvedad y ha anunciado que cuando gobierne eliminará del Código Penal la prisión permanente revisable. Pero a pesar de ello han continuado las críticas, que acusan a Sánchez de haberse rendido al adversario y de dar oxígeno a su antagonista en vísperas de un complejo ciclo electoral. Las opiniones son libres, pero un partido de gobierno y con vocación de seguir siéndolo tiene que participar inexcusablemente en los acuerdos de Estado que se promueven para dar estabilidad a determinados elementos del sistema que deben ser perdurables. La lucha antiterrorista, que ha sido por cierto detestable argumento de la guerra política durante bastantes años, es uno de ellos, como lo es, pongamos por caso, el modelo educativo en sus líneas mestras. Sánchez ha actuado pues, de forma impecable, como ha reconocido -entre otros- Felipe González.

A veces parece que el surgimiento de ‘Podemos’ que se cierne voraz sobre el espacio político para intentar adueñarse a dentelladas de su correspondiente parcela, ha desatentado el sentido común. La democracia se basa en la dinamización de la pluralidad pero también en la búsqueda de lugares comunes, de la unanimidad en el origen, que permita erigir el contrato social según la conocida fórmula rousseauniana. El viejo lema de “al enemigo, ni agua”, no forma parte del acervo democrático, en cuyo tejido no hay más enemigos que los que niegan el imperio de la ley.

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