Reputación

El ‘desliz’ del ministro Garzón apuntaría a que son unas declaraciones premeditadas con malevolencia que no tienen justificación, tal es el talante del personaje
 

24 enero 2022 10:49 | Actualizado a 24 enero 2022 10:51
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Normalmente la reputación suele asociarse en sentido positivo, es decir lo que entendemos por gozar de una buena reputación sobre moralidad, profesionalidad, mérito, integridad, erudición etc. Sin embargo el riesgo de adquirir una mala reputación es algo a lo que nadie escapa cuando proyecta y expone una imagen pública, más aún cuando el sujeto de que se trata es un personaje político. 

En los últimos tiempos hemos entrado en una espiral peligrosa respecto a personas públicas cuya reputación está sometida al escenario de las redes sociales, que pueden permitirse ofensas y abusos, superando el juicio de los tribunales. 

En el caso del ministro Garzón (uno diría ‘ministrillo’) al margen de su propia mala y lamentable reputación ganada a pulso con declaraciones como, refiriéndose a las macro granjas: «Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados», y lejos de retractarse las mantiene empecinadamente, poniendo en solfa la reputación del sector ganadero tan importante para nuestra economía, y por ende el prestigio de nuestros productos cárnicos. 

En realidad, es el político quien debiera de forma ejemplarizante cuidar de su reputación adoptando un compromiso con la sociedad, pero es evidente que aquí se orquesta mucho espectáculo triunfalista y teatral y nulo compromiso ético. La buena reputación puede destruirse fácilmente, por un error, un fallo o un desliz, y las redes sociales se encargarán de sobredimensionar el entuerto, pero el ‘desliz’ de Garzón apuntaría a que son unas declaraciones premeditadas con malevolencia que no tienen justificación, tal es el talante del personaje. 

La libertad de expresión concedida a la sociedad, es utilizada por políticos irresponsables que ostentando cargos relevantes en el gobierno o las administraciones del estado, están obligados a autocensurarse en actos y declaraciones que por su naturaleza pública puedan lesionar gravemente la reputación e intereses del país al que representan. En ese sentido nunca puede desligarse el cargo que ostentan de la persona desde el momento que lo juraron o prometieron, y no cabe el pretexto de pretender que durante su mandato puedan sacudirse la responsabilidad ministerial a su antojo como alguien que se pone o quita un guardapolvo.

En las últimas legislatura la mala reputación transita a flor de piel en las instituciones, con manifestaciones subjetivas e incoherentes con la realidad por parte de miembros del gobierno sanchísta o de Unidas Podemos, alineándose con la clerecía de falsos progresistas. 

La reputación de una persona imprudente e inconsciente como Garzón si alguien tenía dudas se ha venido abajo, pero lo importante no es el ministro es la institución a la que representa, haciendo sonar las alarmas y poniendo al descubierto aquello de lo que lamentablemente adolecemos: la corrección política, que va más allá de la actitud personal. Si las instituciones están por encima de las personas, bien es cierto que son las propias personas que las gestionan las que las prestigian o las desacreditan.

Ya no existe serio debate político en el devaluado parlamento, solo observamos sainetes baratos, personales e inútiles, en todo caso con efectos corrosivos para la reputación del propio parlamento. 

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